Entre las mayores violaciones a los derechos humanos está el reclutamiento y utilización de niñas y adolescentes por los actores armados, la trata con fines de explotación sexual de mujeres colombianas y venezolanas, afectadas por el desplazamiento interno y la migración forzada, además de la persecución en contra de lideresas locales
Por Rosalinda Hernández C.
Siguen encendidas las alertas sobre las graves violaciones a los derechos humanos contra mujeres y niñas en la subregión del Catatumbo y en localidades receptoras de población desplazada por la guerra, como Cúcuta, en el departamento Norte de Santander, frontera con Venezuela, según advierte un informe del comité de expertas de la OEA que hace seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)
Tras una visita técnica realizada en febrero a Colombia, la delegación confirmó un «continuum» de violencia agravado por el recrudecimiento del conflicto armado, aunado a la inoperancia o debilitada respuesta institucional.
El trabajo en terreno se nutrió a partir de los relatos recogidos de 40 mujeres y diversas fuentes oficiales que revelan una crisis humanitaria sin precedentes, además se identificó nuevas dinámicas de violencia en la evolución del conflicto armado: la utilización de tecnologías digitales para la trata y las redes de explotación en plataformas webcam (violencia sexual digital) como mecanismos de coerción y control social.
«La instrumentalización de mujeres en funciones forzadas de cuidado de personas heridas, enterramiento de cuerpos o limpieza y servidumbre para estructuras armadas», es otros de los patrones que ha proliferado y que cita el informe.
La invisibilización y desprotección de las víctimas quedó marcada como una constante en donde el Estado colombiano responde con «herramientas obsoletas» y rutas de atención fracturadas. La debilidad institucional en zonas de control criminal anula la capacidad de investigación, generando una violencia institucional que revictimiza a quienes buscan justicia.
Entre los perfiles de mayor riesgo, los expertos identificaron cuatro grupos críticos en situación de vulnerabilidad extrema: víctimas de violencia doméstica en zonas de conflicto, mujeres bajo control de grupos armados, lideresas sociales perseguidas y población migrante (principalmente venezolana) expuesta a esclavitud sexual.
La mayoría de los casos y testimonios que sustentan el informe del comité de expertas de la OEA sobre la tragedia humanitaria que viven niñas y mujeres han sido documentados por la organización Mujer, Denuncia y Muévete (MDyM) que acompaña a víctimas y sobrevivientes en Norte de Santander.
“Este sistema se sostiene en el clasismo y el sexismo, normalizando que sean, mayoritariamente, mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad quienes ponen el cuerpo, mientras que quienes compran -en su mayoría varones con poder económico, social vinculados al crimen organizado y los grupos armados – ejercen una posición de dominio”,denuncia la abogada Alejandra Vera, directora de esta corporación.
“Nombrar correctamente estas realidades no es un detalle semántico, es una postura política y ética. El lenguaje importa porque visibiliza o encubre la violencia. Decir “trabajo sexual” o “gestación subrogada” sin cuestionar las condiciones materiales puede diluir las dinámicas de poder y ocultar las desigualdades que las sostienen” insiste Vera.
Exigencias urgentes a Colombia
Para frenar esta crisis, el comité de la OEA que integra el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), le exige al Estado colombiano implementar con urgencia una hoja de ruta sustentada con cuatro pilares: Servicios itinerantes, que consiste en desplegar salud y justicia móvil en el territorio y regularizar de inmediato a mujeres migrantes mediante el Permiso por Protección Temporal (PPT). Paz con Enfoque de Género: garantiza la participación femenina en mesas de diálogo y exigir a grupos armados el cese del reclutamiento y la violencia sexual, con verificación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA).
Pese al panorama desolador, la delegación en su análisis conclusivo, resaltó el compromiso de las duplas de la Defensoría del Pueblo, las secretarías de las mujeres y las mujeres integrantes de la Policía Nacional, quienes operan con recursos limitados y bajo altos riesgos de seguridad para atender a las víctimas en terreno.
La violencia de género en Colombia
El 2026 inició con cifras alarmantes en cuanto a la violencia extrema en contra de mujeres, niñas y adolescentes en Colombia, de acuerdo a cifras presentadas recientemente por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. Solo en enero se reportaron 28 feminicidios consumados, con mayor incidencia en departamentos como Quindío y Santander.
La violencia intrafamiliar es la categoría con el mayor volumen de víctimas en el país, ensañándose principalmente con las mujeres adultas. Al inicio de 2026 la situación sigue siendo crítica: sólo durante el mes de enero se reportaron 1.901 casos. En este periodo, las mujeres mayores de 18 años continúan siendo el grupo más afectado con 1.333 registros, seguidas por 197 casos en menores de edad. Cabe anotar que existe un subregistro preocupante de 371 casos donde no se logró determinar la edad de la victima.
La libertad e integridad sexual en Colombia revela una realidad desgarradora: la niñez y la adolescencia son el blanco principal de agresiones, representando sistemáticamente más del 50% de los casos totales reportados ante las autoridades.
El resumen de 2025 consolidó una cifra desoladora: de casi 16 mil delitos sexuales contra mujeres, 8.644 víctimas fueron niñas y adolescentes. Esta tendencia de extrema vulnerabilidad infantil se mantiene en el arranque de 2026; solo en el mes de enero, de los 963 casos registrados, 453 correspondieron a menores de edad, evidenciando que el entorno sigue siendo hostil para el desarrollo seguro de las niñas en el país.
Explotación sexual imparable
Una de las formas más crueles de violencia es la representada por la explotación sexual, el registro de 2025 cerró con 151 casos específicamente en niñas y adolescentes. Al corte del 31 de enero de 2026, ya se han reportado 5 nuevos casos.
En cuanto a la trata de personas, se mantiene como una de las violaciones más graves a los derechos humanos en el país, con una incidencia que se concentra estratégicamente en zonas de frontera, regiones insulares y las principales capitales. Este delito, que explota la vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres, cerró el año 2025 con un total de 193 víctimas reportadas.
Al inicio de 2026, la tendencia persiste con 6 mujeres víctimas registradas solo durante el mes de enero. De estas, la mayoría son mayores de 18 años, aunque se reportan 2 casos en niñas y adolescentes, evidenciando que las redes de tratantes no discriminan rangos de edad en sus procesos de captación.
Al evaluar el impacto por cada 100.000 habitantes, el reporte de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación identifica tres focos críticos de prevalencia:
Norte de Santander: Por su condición fronteriza, es un punto neurálgico donde las redes de trata aprovechan los flujos migratorios.
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (SAI): Su ubicación geográfica la hace vulnerable a la trata con fines de explotación en el contexto turístico.
Bogotá: Como principal centro urbano, actúa tanto de nodo de captación como de destino.
Durante el primer mes de 2026, departamentos como Arauca (0,72) y nuevamente Norte de Santander (0,12), junto a la capital del país, lideran las tasas de registro, lo que confirma la necesidad de fortalecer la vigilancia en los corredores viales y puntos de control migratorio.
Grupos armados aumentan el control sobre las mujeres
El informe anual de la ONU Derechos Humanos revela una perspectiva alarmante: más allá del conflicto, las estructuras armadas están ejerciendo un control sistemático sobre la autonomía reproductiva y la salud de las comunidades, una vez que se mantienen patrones de violación sexual, explotación y embarazos forzados como mecanismos de control.
Otra grave vulneración ejercida por los grupos armados es el control sanitario coercitivo, al restringir el uso de anticonceptivos, monitoreo de pruebas de ITS y el bloqueo a servicios básicos de salud.
Las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes son las principales víctimas siguen siendo poblaciones en alto riesgo al enfrentar daños físicos y psicológicos profundos en zonas de «silencio epidemiológico».
Ante este desgarrador escenario, el informe concluye que la ausencia del Estado y el cierre de centros de salud en zonas críticas han permitido que estos grupos dicten las normas sobre la vida y la integridad de las mujeres, agravando una crisis humanitaria que requiere atención urgente.
La herramienta, desarrollada junto a instituciones locales, reúne ubicaciones y contactos de servicios públicos gratuitos en la frontera con Colombia. Este primer mapa de su tipo busca facilitar el acceso a asistencia y fortalecer la respuesta institucional en el marco de la estrategia nacional de prevención de la violencia.
Por Rosalinda Hernández
Táchira, Venezuela. Durante una visita oficial al estado Táchira, frontera con Colombia, la Jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Venezuela, Lia Poggio, encabezó la presentación de una nueva herramienta destinada a fortalecer el acceso a servicios de protección para la población migrante y comunidades locales. La actividad se realizó en el marco de la conmemoración de los 20 años de presencia de la OIM en la entidad.
La iniciativa es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la OIM, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA), la Fundación de la Familia Tachirense, el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP) y otros actores clave del estado. Su objetivo central es facilitar el acceso a información confiable y actualizada sobre servicios públicos gratuitos, con especial énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes, y en la respuesta a la violencia basada en género.
Guía para migrantes y retornados
Previo a este lanzamiento, la OIM había realizado un mapeo general de servicios disponibles para personas migrantes en el estado. El nuevo producto va un paso más allá: se trata de un mapa detallado, con direcciones y ubicaciones exactas de instituciones y organismos que brindan atención en áreas críticas de protección.
El mapa está disponible inicialmente para los municipios San Cristóbal, Ureña y San Antonio, (frontera con Colombia) zonas clave por su dinámica migratoria. Su finalidad es que las personas que salen del país o regresan puedan identificar fácilmente dónde solicitar asistencia.
Entre los servicios incluidos se encuentran: • Programas de prevención de la violencia. • Atención a sobrevivientes de violencia basada en género. • Asistencia a víctimas de trata de personas. • Contactos de órganos receptores de denuncias. • Información sobre la Defensoría Pública, el Tribunal de Violencia contra la Mujer y el Ministerio Público. • Servicios especializados para la protección de niños, niñas y adolescentes, incluyendo el Consejo de Protección y las instituciones que brindan atención diferenciada.
El material está publicado en la página web del municipio y distribuido en formato impreso para facilitar su consulta por parte de la ciudadanía.
Un mapa único para Táchira
Alex Rigol, jefe de la suboficina de la OIM para Táchira y Apure, destacó que este es el primer mapa de servicios de protección de su tipo en el estado. Explicó que la herramienta busca visibilizar servicios públicos gratuitos que muchas veces la población desconoce, presentándolos de forma visual, gráfica y de fácil comprensión.
El mapa fue validado y desarrollado en coordinación con autoridades locales y forma parte de un esfuerzo liderado por el CISP, la OIM y con la participación de organizaciones locales, nacionales e internacionales. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) también acompaña esta iniciativa, destacó Rigol.
Aunque no existen mapas idénticos a nivel nacional, este proyecto se suma a otros esfuerzos para visibilizar servicios de protección y podría replicarse en otras regiones del país. La iniciativa se enmarca en la estrategia nacional de Naciones Unidas para la prevención y respuesta a la violencia.
Por Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández / Ilustración: Ernesto Cáceres
En la última década del éxodo venezolano, el gobierno colombiano ha reconocido que más de un centenar de niñas, niños y adolescentes migrantes ha sido víctima de reclutamiento, violencia sexual, artefactos explosivos, amenazas de muerte o han quedado huérfanos por la acción de grupos armados. Las disidencias de las FARC son la estructura de la que se ha rescatado y desvinculado a la mayoría de estos menores de edad.
Previo a la noche en que Dulce* huyera de Tibú junto a su madre y sus cuatro hermanitos, entre disparos, todos descalzos y “pasándole por un lado a los muertos”, ocurrieron otros hechos que habían estremecido mucho más sus vidas.
Las ráfagas de las ametralladoras no dejan de resonar en la memoria de la adolescente, desde que en enero de 2025 recrudeció la guerra a muerte entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y las disidencias de las FARC, por el control del Catatumbo, región ocupada por grupos rebeldes y organizaciones criminales que controlan extensas plantaciones de coca y el comercio de narcóticos.
Dulce, quien migró desde el estado Miranda (Venezuela), extiende los brazos para mostrar las cicatrices que le quedaron tras haber sido amarrada y amordazada junto a su madre por guerrilleros del ELN en una incursión anterior, a tan solo días de haber sobrevivido junto a sus hermanos, escondidos bajo una cama en medio de fuertes confrontaciones.
“Esa noche fue horrible, mis hermanitos no dejaban de gritar, de llorar.Al día siguiente fue muy impactante ver cómo amanecieron muertos muchos animalitos que iban para que nosotros les diéramos comidita, estaban allí tirados entre mucha sangre”, recuerda la adolescente de 15 años.
Se le viene de golpe un hecho tras otro. Quiere contarlo todo, pero en voz bajita y entrecortada. Entonces, revive cómo días después sus dos hermanos, Felipe y Juancho, de apenas 9 y 11 años, fueron arrebatados de su familia.
Hombres encapuchados, identificados como miembros del ELN, volvieron a irrumpir en la finca cocalera “Las Palmas”, en el sector Campo Dos, en Tibú (Norte de Santander), donde vivía toda la familia, un enorme predio en el que también trabajaban sus padres: él como jornalero “raspador” de hoja de coca, ella como cocinera.
“Lloramos, gritamos, les suplicamos que no se los llevaran, me los quitaron. Eran unos hombres altos, no se les veía la cara porque estaban tapados, solo se les veían los ojos”, murmura Dulce.
Carolina, la madre de 45 años y ella, se arrodillaron para implorar al dueño de la finca, un hombre apodado “El Mono”, que les prestara el dinero exigido por el grupo armado para devolver a los niños.
Luego de dos días de angustia, ocurrió la liberación tras el canje económico, pero a cambio de llevarse a Carlos, el papá de los niños, de quien hasta ahora no hay noticias y hace parte de las miles de víctimas de desaparición forzada en Colombia.
«Después de haberlo golpeado mucho, desde lejos solo alcanzó a echarles la bendición a los niños mientras se lo llevaban”. Ese es el último recuerdo que le quedó a Carolina.
Los mismos hombres del ELN, en su retirada, acribillaron al dueño de la finca cocalera junto a su esposa y sus dos hijos.
“Ahí, frente a nosotras, los arrodillaron y les dispararon a todos. Mi mamá se tiró al piso, los movía… pero ninguno respiraba”, Dulce reconstruye los detalles, pero hace pausas mientras extraña y llora a su papá. “No sé dónde está, ni siquiera sé si está vivo todavía”.
“Ahí, frente a nosotras, los arrodillaron y les dispararon a todos. Mi mamá se tiró al piso, los movía… pero ninguno respiraba”, Dulce reconstruye los detalles, pero hace pausas mientras extraña y llora a su papá. “No sé dónde está, ni siquiera sé si está vivo todavía”.
Tras ser testigos del asesinato, el grupo armado les ordenó voltear la mirada y bajo amenaza de muerte, a dejar el lugar de inmediato, en plena noche.
«Se llevaron a muchísimos, la gente desesperada salió huyendo mientras le arrebataban a sus hijos. A quienes lograban pagar, los dejaban ir, pero a los que no podían, se los quitaban, a otros los mataban. Lo del ELN es el reclutamiento de niños y el cobro de vacunas», así repasa Carolina la noche de la huida.
El control ejercido por los grupos armados en este territorio alcanza tal nivel que ni siquiera los medios locales pudieron entrar a reseñar este ataque.
Infancia migrante: radiografía en medio de la guerra
De acuerdo a información requerida por el equipo de Laboratorio Migrante al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el último decenio, 135 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas del conflicto interno (130 venezolanos, 4 ecuatorianos y 1 panameño). De ese total, el Programa de Atención Especializada de esta institución para víctimas de reclutamiento ilícito contabiliza 75 desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley.
Las disidencias de las extintas FARC, son el grupo armado del que más se han rescatado y desvinculado a menores de edad migrantes y refugiados (45), seguidos del ELN con 16 y el Clan del Golfo o también conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con 7. La mayoría tenía edades entre 14 y 17 años. El 70 % de ellos eran varones.
Adicionalmente, otros 57 menores de edad venezolanos y con doble nacionalidad (colombo-venezolana) ingresaron a procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD).
Colombia es receptora de 2,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, equivalente al 35% de esta diáspora en el mundo y que ha abandonado su país en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja sostenida desde hace una década.
De los 75 menores de edad migrantes desvinculados, solo 4 de ellos (colombo-venezolanos), al cumplir la mayoría de edad, tuvieron la oportunidad de hacer la transición hacia la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la instancia que coordina los programas para la reintegración social y económica de quienes han dejado grupos armados ilegales.
Según el ICBF “en el caso de los extranjeros que no cuentan con nacionalidad colombiana (62 niños, niñas y adolescentes), el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) de acuerdo con la normatividad vigente no los certifica como desvinculados de grupos armados organizados”, lo cual imposibilita que accedan a una ruta de reintegración social, asegura la institución, en respuesta a un derecho de petición interpuesto por este equipo reporteril.
Sobre los otros 62 niños desvinculados, el ICBF no dio respuesta pese a las solicitudes de información de este equipo. En 2023, otro reporte de UNICEF e ICBF estableció que entre 2013 y 2022, 35 menores de edad venezolanos fueron reclutados por grupos armados y que tenían doble nacionalidad (colombo-venezolana), fueron registrados en el programa de atención a desvinculados como colombianos y no como migrantes forzados, pese a que su arraigo es mayoritariamente venezolano.
El reporte también señaló que 15 de esos casos fueron reclutados como tal en Venezuela y 20 en territorio colombiano (la mayoría en Norte de Santander, seguido por Arauca y Vichada, ).
Hace 20 años el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 1612, que dio origen al Mecanismo de Monitoreo y Reporte sobre las graves violaciones cometidas contra niñas y niños en tiempos de conflicto armado.
El instrumento evalúa a Colombia desde 2008, pero es desde 2021 que ante el Consejo de Seguridad de la ONU, informes del Secretario General, António Guterres, comienzan a detallar por vez primera los crímenes de guerra perpetrados contra la infancia y adolescencia migrante y refugiada venezolana en el país (1,2,3,4,5, 6).
Por ejemplo, en el dosier de 2021 (que compila los años 2019, 2020 y 2021) se describe cómo actores armados en suelo colombiano cometieron delitos como: reclutamiento y uso, asesinato, mutilaciones, secuestros, violaciones y demás formas de violencia sexual.
Extractos de informes presentados por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad sobre niños y conflicto armado en Colombia, de graves violaciones documentadas entre 2019 y 2025
Afectación diferenciada
“Los grupos armados durante décadas han intentado establecer una narrativa o normalización de la vinculación de adolescentes mayores a 15 años a sus filas y asegurar que lo hacen voluntariamente”, indicó una fuente en terreno, que pidió resguardar su nombre para proteger las operaciones humanitarias.
El instrumento compromete a los estados miembros a prevenir y penalizar el reclutamiento, pero también los obliga a desvincularlos de estructuras armadas y a ofrecerles procesos de recuperación psicosocial, física, de reintegración y reparación.
El reclutamiento de niñas y niños figura entre las graves violaciones de los derechos de la infancia en conflictos armados. Es considerado uncrímen de guerra, tanto por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y otras fuentes del derecho internacional humanitario (DIH).
Para el sociólogo Carlos Díaz Bolaños, investigador en dinámicas del conflicto armado y asuntos de juventud, “la prevención del reclutamiento como una política pública nacional no existe. No hay un esfuerzo consistente, sólido, sistemático, esa es una carencia estructural”.
Adicionalmente, en este contexto se produce la llamadadoble afectaciónpara la población venezolana, que tras sufrir las consecuencias que enfrentaron con la migración forzada luego se suman las afectaciones provocadas por el conflicto armado, sumando graves violaciones a sus derechos humanos.
En junio de 2025, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre un agravamiento de la situación de la infancia en Colombia, entre los años 2022 a 2024 en el marco del conflicto armado , incluyendo a la niñez migrante y en el que documentaron y verificaron casos de trata con fines de explotación sexual por parte de grupos armados “en los que niñas son trasladadas y sufren violencia sexual por parte de sus integrantes. Esta dinámica ha podido ser identificada en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Chocó y Putumayo, en algunos casos, contra la niñez migrante.”
Claudia Quintero, directora de la fundación Empodérame, organización que ofrece acompañamiento psicosocial a víctimas de trata, detalla los obstáculos cuando este delito se da en el marco del conflicto armado.
“En Colombia el reclutamiento forzado es un delito autónomo. Entonces, las víctimas no son tomadas ni atendidas como víctimas de trata de personas como tal, desde lo psicosocial: su recuperación emocional, la reconstrucción de sus proyectos de vida. Es una de las complejidades para que podamos atender esta población de la forma que debería ser”.
De las 118 alegaciones que recibió la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el primer trimestre de 2025 sobre reclutamiento o utilización de menores de edad, se verificaron 51 casos de los que“casi un tercio corresponden a niñez migrante venezolana, varios no acompañados por sus familias”, advierte el informe.
Este equipo de reporteras pudo confirmar con dos fuentes que trabajan directamente en terreno y pidieron resguardo a su identidad, dos casos de niñas migrantes venezolanas (pertenecientes a una etnia indígena) que habían sido reclutadas por grupos armados y que fallecieron en medio de combates en 2025 en Norte de Santander, adicional a un número no determinado de muchas otras que hoy en día continúan en las filas de estos grupos.
En la reclamación del cuerpo de una niña, el gobierno colombiano tuvo que intervenir ante el gobierno venezolano para solicitar al SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) la confirmación de los datos filiatorios de la madre y la hija para agilizar los procesos forenses, autorizar la entrega del cuerpo y proceder finalmente con los ritos funerarios según sus costumbres. Al cierre de este reportaje, el otro cuerpo no había podido ser reconocido y retirado por sus familiares.
“Los niños y niñas que ingresan al país con sus familias o como menores no acompañados, no tienen conocimiento del contexto colombiano, llegan a territorios rurales muy dispersos. La estrategia del grupo armado va más allá, les dicen que los van a apoyar, les regalan comida, etc”, explica el investigador Oscar Fernando Cobo, quien hace parte de la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO).
También hay una afectación diferenciada importante en base al sexo: “las niñas y adolescentes cuando son captadas y reclutadas por los grupos armados suelen desempeñar labores domésticas en la filas [cocina, primeros auxilios, etc.] y tienen elevadas probabilidades de sufrir abuso y violencia sexual, uniones tempranas, abortos forzados, etc., mientras que los varones son reclutados para ir al frente de guerra o utilizados para labores de extorsión, logísticas, manejo de drones y/o captación de sus pares, etc.”, explica Javier Alexander Macias, especialista en DD.HH. y Derecho Internacional Humanitario, quien además como periodista ha cubierto durante años el conflicto armado y la violencia urbana en Colombia
Con mucha frecuencia, la violencia sexual está subrepresentada en las estadisticas. Los subregistros de violaciones cometidas contra la niñez y adolescencia en este contexto obedecen a múltiples causas, entre ellas “el desconocimiento de las rutas de atención, la condición migratoria, xenofobia, que les quiten a sus hijos y el miedo a represalias por actores armados o grupos delictivos”, nos dice una de las lideresas que trabaja en un asentamiento que recibe a familias migrantes desplazadas por la guerra en Norte de Santander.
Para Díaz Bolaños, quien también ha acompañado procesos de reparación integral a víctimas del conflicto armado, “en áreas donde el grupo ilegal tiene una suerte de gobernanza, impone las reglas y denunciar esos casos pondría en riesgo a la familia. Algunos ejercen el control más político y usan la violencia de manera estratégica, pero otros la utilizan de manera generalizada, a partir del miedo y o del terror”.
Huir de la guerra a cordones de miseria en la ciudad
Desde la noche que escaparon de Tibú, Dulce, sus hermanitos y su madre soportaron una semana entera de largas caminatas. Con el más pequeñito de ellos en brazos, pedían aventones en camiones y tractomulas, durmiendo a la intemperie en calles polvorientas, cruzando pueblos y veredas hasta que llegaron a uno de los asentamientos informales más grandes en la periferia de Cúcuta.
El árido enclave está a 19 kilómetros del puente internacional Simón Bolívar, que une el estado venezolano de Táchira con Norte de Santander y hace parte del cordón marginal de asentamientos que nacieron de predios invadidos en el anillo vial occidental que bordea la capital fronteriza.
En este lugar el 40% de la población la componen migrantes de origen venezolano y desplazados internos del conflicto armado, en su mayoría mujeres y niños, según un censo realizado por organizaciones de lideresas locales de los siete sectores que lo componen.
Hasta diciembre de 2024, Cúcuta albergaba a más de 215.000 venezolanos, muchos de los cuales, en lugar de encontrar refugio, quedaron atrapados en zonas de alta precariedad y riesgo.
Allí, la violencia también se vive entre la lucha intestina que libran las bandas criminales locales, transfronterizas y grupos armados urbanos por el control de las rentas ilícitas (extorsión, microtráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y explotación sexual de niños, niñas y mujeres) y que viven al acecho de sus habitantes, en especial de adolescentes y jóvenes.
En la “invasión”, como se le conoce también en Venezuela a los asentamientos, la vida de Dulce y su familia siguió marcada por la precariedad: la mayoría de viviendas son construidas con tablas y zinc, padecen constantemente por la falta de agua y los pozos sépticos suplen la ausencia de alcantarillado. Las calles son de tierra y el acceso al transporte público es inexistente, por lo que para llegar a la vía principal sus habitantes deben hacer largas caminatas.
Tampoco hay fuentes de empleo ni ofertas educativas y se vive en un ambiente de peligro e inseguridad. Dulce y sus hermanos no volvieron a la escuela; quedaron fuera del sistema educativo, a pesar de que la adolescente anhela convertirse en abogada. Es un deseo que nace de lo vivido, de lo perdido, de lo que aún duele. Un sueño que parece muy lejano, considerando el contexto en el que ahora vive.
En Cúcuta , “la desigual distribución urbana ha generado territorios fragmentados que concentran pobreza y exclusión», explica Miguel Morffe, docente investigador de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta. “Esta estructura facilita el control de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), que instrumentalizan a la población migrante, especialmente a niños y adolescentes, en dinámicas de reclutamiento y economías ilegales”.
Las comunas 6, 7 y 8, ubicadas cerca del anillo vial occidental, son focos de vulnerabilidad y violencia, agravados por el conflicto que se extiende desde el Catatumbo.
Patricia, una madre venezolana de 36 años que reside en uno de los barrios de la comuna 8, cuenta cómo hombres fuertemente armados intentaron ingresar a la escuela de su hijo a finales de agosto. El grupo pretendía dar una “charla” y repartir panfletos durante la jornada escolar de los estudiantes de bachillerato (adolescentes), pero los docentes se opusieron e impidieron su entrada a las aulas de la institución ubicada en La Fortaleza, otro asentamiento contiguo a donde reside.
“Varios hombres vestidos con chalecos negros, rostros cubiertos y armados con fusiles rodearon todo el colegio Padre Arturo Zárate”, recuerda Patricia.
El grupo “reclamaba” que en visitas anteriores tampoco se les había permitido entregar panfletos ni hablar con los jóvenes.
“Sentí miedo. Ya ni siquiera sabemos si es seguro mandar a los hijos al colegio, todo parece una amenaza, incluso posibles intentos de reclutamiento”, comentó la madre.
El testimonio de Patricia confirma la vigencia de las alertas contenidas en el informeAtrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños(junio/ 2025)del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que advierten sobre el uso de los centros educativos para acciones como alojarse, atacar a miembros de grupos enemigos, atender a personal herido, hacer uso de la energía, organizar reuniones, o desarrollar actividades proselitistas.
Mapeo de confrontaciones y alianzas criminales urbanas
La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) en octubre de 2025 identificó la presencia activa de tres grupos armados en Norte de Santander: el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el ELN y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), siendo estos dos últimos los de mayor influencia y capacidad de control territorial.
Además, esta oenegé ha identificado al menos 42 grupos delictivos operando en Cúcuta, que en algunos casos establecen alianzas con grupos armados, conformando así un entramado criminal marcado por la fragmentación territorial y disputas constantes por el control de economías ilícitas.
Entre las estructuras más destacadas se encuentran: La Familia P (Los Porras), organización local con fuerte arraigo y control en varias comunas. Los Manzaneros: nacidos de la fusión entre AK-47 y el Tren de Aragua, con creciente capacidad operativa y Los Mexicanos: una de las redes más consolidadas, con presencia estratégica en el anillo vial occidental y sofisticación logística.
“Más allá de la lucha por el territorio, el flujo migratorio se ha convertido en un recurso estratégico para estas organizaciones por lo que la población migrante, especialmente niños y adolescentes, es sistemáticamente instrumentalizada para tareas como vigilancia, microtráfico y control comunitario, sin necesidad de una vinculación armada formal”, señala Nicolás León, investigador de la línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de PARES.
Un caso emblemático es el de Lucas, un adolescente venezolano de tan solo 14 años, quien fue contactado en octubre de 2025 por una banda criminal para actuar como “campanero” en el asentamiento informal, donde reside con su mamá y dos hermanos pequeños, de 7 y 2 años. El mismo lugar a donde llegó Dulce con su familia.
“Fue a hacer un mandado y una persona de esas que está metida con gente peligrosa le dijo a Lucas que por qué no trabajaba con él. Me senté a hablar con mi hijo y le dije que ni se le ocurriera meterse en esas cosas, ni con esa gente”, nos cuenta Neida, la madre del adolescente.
El mensajero del grupo delictivo que abordó a Lucas le ofrecía “vigilar el ingreso de personas al barrio”, alertar sobre la presencia policial, identificar miembros de grupos rivales dentro de su comunidad y participar en actividades de microtráfico con un pago semanal.
“Cuando vea a ese tipo, ni lo salude, ni le hable”, le advirtió la mamá.
Neida y sus tres hijos, víctimas previas de migración forzada desde su país de origen, llegaron allí como desplazados internos por el conflicto armado. En enero de 2025, luego de varias amenazas de reclutamiento dirigidas a Lucas, la madre se vio obligada a salir junto a sus niños de una finca ubicada en el kilómetro 8, en la carretera que conduce a la población de Tibú, donde trabajaba en condiciones precarias ejerciendo oficios domésticos —lavar ropa, cocinar, limpiar habitaciones— para integrantes del ELN.
A mi me dió un ataque de nervios. Una vecina me advirtió: ‘váyase ya, aquí es muy peligroso para usted y le van a reclutar a su hijo, no se quede‘. Y eso hice, me vine a Cúcuta.”, dice Neida.
Este panorama evidencia cómo los migrantes forzados sumidos en la precariedad están entre los eslabones más vulnerables frente a las dinámicas criminales que perpetúan la exclusión y la violencia en la región.
Redes sociales: el arma de los reclutadores
Plataformas como TikTok y Facebook se han convertido en canales para que grupos armados y bandas delictivas establezcan contacto directo con jóvenes vulnerables, y desarrollen sus estrategias de reclutamiento con muy bajo riesgo y gran alcance, explica Laura Bonilla, coordinadora para América Latina de la Fundación PARES, experta en conflicto armado y patrones de violencia contra civiles.
Aprovechando la falta de regulación y supervisión, “las redes sociales permiten difundir contenido atractivo, manipular narrativas y captar adolescentes sin levantar sospechas. Esta estrategia ha contribuido a un aumento alarmante en el número de personas rearmadas: de 1.200 en 2018 a 8.000 en 2022”, según reporte de PARES. Pero Bonilla advierte que no existen cifras oficiales confiables, ya que las instituciones estatales carecen de capacidad técnica para registrar esta realidad.
“Las niñas y adolescentes son instrumentalizadas para fines de explotación sexual, logística e inteligencia y existen casos documentados de participación obligada en acciones violentas”, precisa la investigadora.
“Los grupos armados, particularmente el ELN, están citando a jóvenes a través de redes sociales con falsas promesas de empleo, ofreciéndoles 1.800.000 pesos (aproximadamente 470 dólares) mensuales como gancho. Una vez que se presentan, los retienen y terminan desaparecidos o vinculados forzosamente.”, explica la coronel Sandra Mora, excomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
“La capacidad estatal para rescatar a niños, niñas y adolescentes vinculados a estas estructuras es mínima, mientras que la capacidad de absorción de los grupos armados sigue siendo alta”, concluye Bonilla.
Catatumbo: “Casa del Trueno», testigo del despojo
Históricamente el pueblo indígena binacional Barí ha ocupado la región del Catatumbo,uno de los territorios más castigados por el conflicto armado interno colombiano durante décadas y a la vez considerado zona transfronteriza.
La tierra compartida se extiende principalmente por cinco municipios de Norte de Santander, en Colombia (El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú), y dos municipios del estado Zulia, en Venezuela (Jesús María Semprúm y Machiques de Perijá). Sin embargo, a cada lado de la frontera, el Catatumbo se vive, se percibe y se siente de manera diferente.
La crisis humanitaria en esta región, que deja por ahora casi 83 mil desplazados internos y 182 muertos, según el último balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) que articula instancias que atienden la situación en el Catatumbo, ha profundizado mucho más el historial de despojo y desplazamiento forzado de los Barí, tragedia que se ensaña contra su infancia.
Alexander Dora, vocero del Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación del Pueblo Barí, denuncia que desde 2016 hasta la fecha unos 246 niñas, niños y adolescentes de esta etnia binacional han sido reclutados y utilizados por actores armados, de los cuales el 70 % es de origen venezolano.
“Algunos han caído [muertos en combate], a otros los hemos recuperado… a otros no los hemos vuelto a ver”, dice Dora.
El intento por buscar y rescatar a los menores de edad, incluso para recuperar los cuerpos de los que mueren en combate, es una lucha ardua para los Barí. “Enfrentamos el minado de los caminos, quedamos registrados en los retenes que imponen tanto el ELN como las disidencias de las FARC, nos confiscan los teléfonos y revisan nuestras comunicaciones, quedamos atrapados entre los enfrentamientos y también nos han declarado objetivo militar”, alerta Doria.
“A las menores de edad las mandan a las ciudades a llevar paquetes de droga, los usan para captar a otros de sus comunidades. Los comandantes guerrilleros también los usan para que les enseñen la lengua barí, poniendo en riesgo a nuestras comunidades”, apunta.
Los actores armados llevan décadas entendiendo las ventajas tácticas que les da reclutar, usar y utilizar a menores de edad indígenas para avanzar y mantener el control en sus propios enclaves. “Conocer el territorio en términos logísticos y estratégicos para la guerra es fundamental, es conocer senderos, las características de la selva, cómo se debe mover”, explica Mauro Carrero, antropólogo de la Universidad del Zulia (Venezuela) y quien durante décadas ha estudiado etnias amerindias, entre ellas los barí.
“Cuando tú llegas con un combatiente que habla el idioma de la comunidad es importantísimo, por las relaciones de parentesco y de afinidad, se le abre la posibilidad de entendimiento a estos actores armados”, explica Carrero, también sociólogo.
Dora revela a este equipo que, de unos 54 menores de edad barí actualmente reclutados en las filas del ELN y de las disidencias de las FARC, 18 de ellos apenas tienen 13 años, mientras que unos 36 ya tienen cumplidos los 15 años (16 son varones y 20 son hembras). “A los que hemos logrado rescatar y proteger nos relatan infinidad de abusos en las filas, el sufrimiento de nuestros niños y niñas ahí en medio de la guerra es muy duro”.
Fuera del radar institucional
La familia de Lucas ha sido clasificada bajo extrema pobreza, de acuerdo al sistema colombiano que categoriza a la población según sus condiciones de vida e ingresos. En este hogar el hambre acecha constantemente. Hay días en los que la madre no logra llevar un plato de comida para ella y sus niños.
Lucas también está desescolarizado y en condición deextraedad: el desfase entre su edad biológica y el grado escolar. A sus 14 años solo tiene aprobado segundo grado de primaria. El gran rezago académico, las barreras para el acceso a un programa de aceleración educativa y las precarias condiciones de su vida, son vulnerabilidades que lo siguen exponiendo al riesgo de ser reclutado o captado por estructuras criminales que ofrecen incentivos económicos inmediatos a menores de edad en zonas marginales.
Mientras tanto, Diego, el hermano de 7 años, quien nació en Venezuela con bajo peso y se mantiene en riesgo de desnutrición, espera desde hace 4 años que la autoridad migratoria emita por fin su Permiso por Protección Temporal (PPT) condicionando su entrega a la presentación del acta de nacimiento apostillada, situación que lo mantiene excluido del servicio de comedor escolar y de ayudas médicas.
“Le rogué a la profesora que me ayudara a conseguir una comida para Diego, pero me la negó. Una señora que trabaja con el aseo del colegio escuchó mi pedido y me consiguió en la cocina una ración para el niño ese día”, recuerda la madre mientras se le quiebra la voz.
Al hogar de Dulce, el ICBF realizó una visita a finales de septiembre, tras recibir denuncias por presuntas vulneraciones a los derechos de la adolescente, pues había sido enviada por su madre a trabajar en un bar ubicado en el barrio Nueva Ilusión, donde fue testigo de otra masacre, hecho que fue reseñado por la prensa local.
Luego de unas semanas de este hecho, Dulce fue captada por una banda criminal que la utilizaba para realizar cobros extorsivos a bordo de una moto, acciones por las que recibía pagos que su mamá administraba.
A los días no hubo ni rastro de ella, de su hermanitos ni de su mamá. Carolina abandonó el lugar con sus hijos. Ha realizado llamadas solicitando ayudas económicas a conocidos, en las que manifiesta haber retornado a Venezuela por el temor a que la institucionalidad “le quitara a sus hijos”.
Para Camila Rojas-Sanguino, psicóloga con experiencia en atención a infancias y familias afectadas por el conflicto armado, “la falta de data y caracterización institucional sobre niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado refleja un vacío institucional que impide diseñar respuestas integrales. No se sabe ni cuántos son, ni de dónde vienen, ni qué han vivido, ni qué necesitan. Desde una perspectiva psicosocial, esto también se traduce en una invisibilización”.
Por lo pronto, en los registros del Estado colombiano Dulce, Lucas y los hermanos de estos adolescentes, no existen como víctimas del conflicto armado, parecen estar cada vez más lejos de encontrar justicia, reparación y de un proyecto de vida libre de violencias que restituya sus derechos, los que le negó también el país que les vio nacer.
-FIN-
*Los nombres de las víctimas, de lideresas, del asentamiento receptor tras el desplazamiento interno y de algunas fuentes en terreno, fueron cambiados para salvaguardar su integridad.
Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Beca Relatos de región: Periodismo local que explica Colombia, del Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes y el acompañamiento editorial de Lorenzo Morales. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de sus autoras.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hacemos foco en 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗺𝗮𝗰𝗵𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀, 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝘁𝗿𝗮𝘃𝗶𝗲𝘀𝗮𝗻 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝘀 𝘆 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗲𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗮 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀, 𝗿𝗲𝗳𝘂𝗴𝗶𝗮𝗱𝗮𝘀 y retornadas, 𝗮𝘀í 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗮 𝘀𝘂𝘀 𝗵𝗶𝗷𝗮𝘀 𝗲 𝗵𝗶𝗷𝗼𝘀.
La violencia institucional se reproduce en aquellas instancias de los Estados receptores o en tránsito, cuando las mujeres se enfrentan a omisiones, exceso de burocracia, prácticas o decisiones que obstaculizan el ejercicio de sus derechos o el acceso a rutas de atención frente a delitos como la trata de personas y la explotación sexual en sus diversas formas, explotación laboral, etc., violencia física, psicológica y económica o la prevención del feminicidio.
La padecen también en el sistema de justicia, sanitario o en búsqueda de protección internacional, cuando intentan acceder al sistema de asilo y refugio, alcanzar una regularización migratoria o en la búsqueda de trabajo y vivienda dignos.
Pero 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗺𝗮𝗰𝗵𝗶𝘀𝘁𝗮 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶é𝗻 𝗲𝘀𝘁á 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹: 𝗲𝗹 𝗼𝗱𝗶𝗼 𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗱𝗲𝘀 𝗹𝗮𝘀 𝗴𝗼𝗹𝗽𝗲𝗮 𝗲𝗻 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗮 𝘀𝘂 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻, 𝘀𝘂 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗽𝗶𝗲𝗹, 𝘀𝘂 𝗮𝗰𝗲𝗻𝘁𝗼 o 𝘀𝘂 𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝘀𝗲𝘅𝘂𝗮𝗹. A nivel global, la violencia machista es una crisis: 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual (OMS), 263 millones de mujeres han sido víctimas fuera del ámbito de la pareja, mientras que la ONU Mujeres advierte que las crisis humanitarias y migratorias aumentan la exposición a violencia sexual, trata y explotación. Por su parte, la OIM asegura que el riesgo de violencia machista contra mujeres migrantes y refugiadas en las Américas sigue creciendo.
Documentar, explicar y buscar respuestas desde el periodismo sobre las violencias contra las mujeres y niñas resulta una tarea imprescindible. Las mujeres siguen resistiendo, creando redes de apoyo, de solidaridad y sosteniendo la vida.
La lucha contra la explotación sexual de mujeres, niñas y niños no puede estar circunscrita a un solo día, a un solo mes o a una coyuntura en particular, debe ser constante dada la gravedad de este delito
En Laboratorio Migrante queremos insistir y mantener en alto el volumen de las voces propias de víctimas y sobrevivientes, pero también de lideresas que saben la importancia de esta lucha y que hay que urge cambiar el foco de la discusión: 𝗶𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝗶𝗿 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗺𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝘂𝗲𝗿𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗱𝗲 𝗻𝗶ñ𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝘀𝗶 𝗳𝘂𝗲𝘀𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝗻𝗰í𝗮 𝗺á𝘀, 𝗲𝘀𝗮 𝗺𝗶𝘀𝗺𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀.
En 2024, el informe mundial sobre trata de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, expuso que el 61% de las víctimas de trata fueron mujeres y niñas, mientras que el 60% de estas niñas migrantes explotadas sexualmente, tenían menos de 16 años.
Ni una niña más en manos de tratantes. Ni una mujer más vendida como mercancía.
Las rutas migratorias en América del Sur continúan representando un escenario de alto riesgo para las mujeres en tránsito; así lo dejan saber los hallazgos del informe Mujeres en el tránsito migratorio a través de América del Sur publicado el 31 de agosto de 2025 por el Mixed Migration Centre (MMC).
Robos, extorsiones, sobornos y violencia verbal son parte de los peligros cotidianos que enfrentan, según revela la reciente investigación. A estos se suman riesgos específicos de violencia sexual —como el abuso y la explotación— que, aunque advertidos por informantes clave, muchas veces pasan inadvertidos para las propias mujeres migrantes.
Las condiciones adversas del trayecto tienen un impacto profundo en la salud sexual y reproductiva. Situaciones como la gestación, la lactancia y la menstruación ocurren en entornos inadecuados, exponiendo a las mujeres y a sus bebés —nacidos o por nacer— a riesgos como infecciones, desnutrición, bajo peso al nacer, síndrome de choque tóxico, morbilidad e incluso mortalidad.
El estrés constante, la incertidumbre del camino y el duelo migratorio también afectan la salud mental de las mujeres. Los testimonios recopilados reflejan sentimientos de tristeza, frustración, temor y culpa, evidenciando la carga emocional que implica el tránsito migratorio.
Ante estos desafíos, muchas mujeres desarrollan estrategias de autoprotección: mantenerse en contacto con sus familias, planificar el trayecto y viajar acompañadas, son algunas de las medidas más comunes. Sin embargo, las estrategias de cuidado emocional son escasas, y persiste una falta de herramientas para enfrentar las dificultades psicológicas del viaje.
La división tradicional de roles de género también se mantiene durante el tránsito. Las mujeres son quienes asumen principalmente el cuidado de niñas, niños y personas dependientes, además de encargarse de la alimentación y las compras del grupo de viaje.
Aunque existe una respuesta humanitaria en varios puntos de las rutas migratorias, esta sigue siendo insuficiente. Casi la mitad de las mujeres encuestadas reportó no haber recibido ningún tipo de asistencia durante su trayecto, y la mayoría manifestó tener necesidades urgentes no cubiertas, especialmente en cuanto a dinero en efectivo, alojamiento y atención médica.
Metodología y perfiles
El informe se fundamenta en datos cuantitativos y cualitativos recopilados por el Mixed Migration Centre durante los años 2024 y 2025 en siete países de América del Sur: Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Colombia y Brasil. El objetivo principal fue identificar y comparar las experiencias migratorias de mujeres y hombres en tránsito, con especial atención a los riesgos, necesidades y mecanismos de protección implementados por las mujeres migrantes.
La investigación incluyó encuestas 4Mi —con un módulo diseñado específicamente para este estudio— aplicadas a 2.571 personas migrantes entre el 3 de diciembre de 2024 y el 9 de mayo de 2025.
La muestra se dividió por sexo: 1.103 mujeres conformaron el conjunto de datos primario, mientras que 1.468 hombres integraron el grupo de control. Esta segmentación permitió analizar las experiencias particulares de las mujeres migrantes en comparación con sus pares masculinos.
Los datos cuantitativos ofrecieron información sobre perfiles demográficos, riesgos enfrentados, experiencias vinculadas a la gestación, lactancia y gestión menstrual, división sexual del trabajo, estrategias de autoprotección, necesidades durante el tránsito y acceso a asistencia humanitaria.
Recopilación de información cualitativa
La dimensión cualitativa se desarrolló mediante entrevistas semiestructuradas en profundidad realizadas en Perú y Chile. Participaron: • Catorce mujeres adultas migrantes provenientes de Venezuela y Colombia • Nueve informantes clave de organizaciones que trabajan con mujeres migrantes en ambos países.
Estas entrevistas permitieron explorar temores, experiencias relacionadas con la higiene y la lactancia, roles asumidos en el marco de la división de género del trabajo, barreras para la autoprotección —especialmente en salud mental— y necesidades no cubiertas durante el trayecto migratorio.
Si trabajas en migración, derechos humanos, salud, género o simplemente quieres comprender mejor los desafíos que viven miles de mujeres en su búsqueda de seguridad y dignidad, este informe es una lectura imprescindible.
Ser el principal país de acogida del éxodo de origen venezolano sigue siendo más que un reto para Colombia, exige al Estado no perder el foco en la gestión migratoria centrada en la protección de los derechos humanos de una población migrante forzada y solicitante de refugio y de sus hijos nacidos en territorio colombiano, que siguen enfrentando barreras para acceder a la nacionalidad que por derecho heredan de sus padres: la venezolana.
Por Paula Andrea Jiménez
En una década de éxodo forzado, 138.218 bebés nacidos en Colombia, hijos de padres migrantes y refugiados venezolanos, obtuvieron la nacionalidad colombiana gracias a la medida estatal excepcional y transitoria conocida como “Primero la Niñez”, que aunque se implementó en agosto de 2019 contempló el carácter retroactivo para incluir también a niñas y niños nacidos desde 2015 en suelo colombiano ante el riesgo de sufrir apatridia, condición que mantiene a unos 4,4 millones de personas en el mundo sin nacionalidad, sin identidad oficial, marginadas y privadas de acceder a derechos fundamentales, de acuerdo a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El no tener patria, no tener una nacionalidad, carecer del vínculo jurídico con un Estado (que implica tener derechos y deberes), le niega a millones de personas acceder a la educación, a la atención médica, al ingreso mínimo vital o a un empleo, además de limitar completamente su libertad de movimiento dentro o fuera de un territorio. En palabras más sencillas, ser apátrida es lo más cercano a vivir en un limbo, a no pertenecer a ningún lugar.
Entre los 2,8 millones de migrantes forzados, solicitantes de asilo y refugiados de origen venezolano en Colombia (37% de la diáspora total en el mundo), 796.286 son menores de edad, de los cuales 123.869 son niñas y niños en edades comprendidas entre los cero y cinco años.
Uno de los principales retos como principal país de acogida y tránsito por las características de este éxodo es la garantía de sus derechos a través de su regularización migratoria, lo cual se ha alcanzado en un alto porcentaje gracias a varios mecanismos adoptados por distintos gobiernos, siendo el último de mayor cobertura el Estatuto Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPV), vigente hasta 2031 para quienes lo obtuvieron, pero cuyo acceso está cerrado desde noviembre de 2023 y solo disponible para niñas, niños y adolescentes matriculados en instituciones educativas o bajo la tutela del Estado colombiano (en medio de procesos de restablecimiento de derechos) y para adolescentes que están bajo el Sistema de Responsabilidad Penal. En su lugar, generó un permiso especial de permanencia para representantes legales o custodios de menores venezolanos (PEP Tutor) cuya efectividad y alcance aún están por verse.
El actual gobierno, cuyo mandato constitucional finaliza en 2026, ha decidido no reabrir el ETPV para aquellos migrantes adultos que no pudieron acogerse en su momento a la medida y para quienes siguieron entrando a Colombia como principal puerta de salida a la Emergencia Humanitaria Compleja sostenida que vive Venezuela y la violación masiva de derechos humanos por parte de ese Estado.
Pese al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, desde agosto de 2022 y la reapertura de siete consulados venezolanos, se mantienen las barreras para que los bebés nacidos en Colombia de madres y padres migrantes puedan obtener el registro de reconocimiento de la nacionalidad venezolana que por derecho pueden heredar de sus progenitores.
Ante la ausencia de trámites digitalizados y la inexistencia del método de consulados móviles en zonas apartadas o rurales, para una madre o un padre venezolano acudir presencialmente a sedes consulares alejadas de su departamento de residencia implica asumir grandes gastos de traslado, estadía, apostilla y la obtención previa de documentos de identidad venezolanos que conllevan costos dolarizados y largo tiempo de espera entre su trámite y emisión. Por ejemplo, el Estado venezolano no garantiza el derecho a obtener cédulas fuera de su territorio (ni por primera vez, ni por robo o pérdida). Ausentarse o suspender sus labores remuneradas o dejar bajo el cuidado a otros miembros del núcleo familiar no es una opción para muchos migrantes. El mero traslado desde ciudades lejanas hacia los consulados venezolanos pudiera implicar gastos entre los 100 y 200 dólares.
En tal sentido, el acceso a los servicios consulares se vuelve complejo, mucho más tomando en cuenta que según el boletín emitido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Ministerio del Trabajo el “78.4% de la población económicamente activa venezolana (4 de cada 5 personas económicamente activas) no tenía un empleo formal en 2024”.
Guardianes de la primera infancia de origen migrante y nacida en Colombia
El interés superior del niño, fundamento jurídico que estipula que el bienestar y la protección de las niñas, niños y adolescentes debe ser el principio rector de todas las acciones y decisiones que se tomen en los ámbitos públicos y privados para garantizar el ejercicio de todos sus derechos humanos, tomando en cuenta su opinión, su contexto o circunstancias particulares, debe seguir siendo el faro que guie la política migratoria en materia de protección de la primera infancia, no solo en Colombia, sino en el resto de los países de acogida y de tránsito en la región.
A propósito del vencimiento y posterior renovación en agosto de 2025 de la medida “Primero la Niñez”, un equipo liderado por la abogada colombiana Ana María Moreno Sáchica, consultora del Banco Mundial, integrado por profesionales del Centro de Estudios en Migración (Universidad de los Andes, Bogotá) y de la Fundación Ideas para la Paz-FIP, emitió previamente un diagnóstico sobre la necesidad de que el Estado colombiano mantuviera vigente el mecanismo para proteger, disminuir y prevenir la apatridia en los hijos nacidos de padres y madres venezolanos en situación migratoria irregular y de este modo “cumplir con las obligaciones internacionales que le imponen velar por el interés superior del niño”.
El informe resalta varios aspectos para sostener esta medida de protección a la primera infancia cuyos progenitores no alcanzaron a tener un estatus migratorio regular en Colombia:
La conjunción de barreras geográficas, económicas, institucionales y temporales que afectan de forma desigual a la población venezolana, “especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.
La desconfianza y temor entre algunos migrantes venezolanos y los servicios consulares, en especial aquellos con situación migratoria irregular o con experiencias de haber sufrido persecución política.
La ausencia de criterio unificado entre los consulados de Venezuela en Colombia sobre los requisitos para registrar a niñas y niños nacidos en el país de padres venezolanos, la dependencia de tramitadores y la búsqueda de información al respecto en en redes sociales.
El diagnóstico presentado por los expertos en movilidad humana forzada, derechos humanos e infancia concluye que “Primero la Niñez”, es una herramienta jurídica efectiva para prevenir situaciones de apatridia y el goce efectivo de derechos y la eliminación hubiese “dejado a miles de niños en un estado de desprotección total, especialmente considerando que los trámites alternativos son costosos y, en la práctica, inaccesibles para muchas familias migrantes”.
Previamente y a propósito de este panorama, en febrero de 2025, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, tras su visita oficial a Colombia, alabó al país por la implementación del ETPV que otorga el Permiso de Protección Temporal (PPT) y que “garantiza la estancia regular durante 10 años, el acceso a la salud, la educación y el derecho al trabajo”, considerándolo como “un hito” en la gobernanza de la migratoria. Sin embargo, expresó su preocupación “por el creciente número de personas venezolanas en situación irregular”, tras el cierre al acceso del ETPV en 2023, condición que sigue persistiendo en un grueso de la población y que condiciona el acceso a la nacionalidad colombiana de sus hijos nacidos en el país.
En 2023, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había reconocido avances con la nueva ley de nacionalidad colombiana (Ley 2332) al tiempo que pidió al Estado a mantener los esfuerzos para prevenir, reducir y erradicar la apatridia, una vez que observaba con preocupación que dicha normativa a su vez “condiciona la adquisición de la nacionalidad por nacimiento al estatus migratorio regular de madres y/o padres en Colombia”, así como el requisito de permanencia en el territorio nacional por tres años ininterrumpidos.
La CIDH en su momento ya había advertido que el estatus migratorio de una persona “no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir, de ninguna forma, una justificación para privar del derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos”.
La pieza destaca el trabajo conjunto entre periodistas, medios y organizaciones de la sociedad civil para visibilizar las graves afectaciones que implica la explotación sexual de mujeres migrantes entre Venezuela y Colombia
Durante la entrega de los Premios del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS 2025), el pasado 27 de junio, la iniciativa entregó el galardón en la categoría Periodismo Colaborativo “Reconocimiento Especial CONNECTAS” al reportaje “Mujeres que salvan mujeres: al auxilio de víctimas de explotación sexual entre Venezuela y Colombia”, una investigación conjunta realizada por las periodistas Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández, en articulación con equipos de edición, medios aliados —El Estímulo, Tal Cual y La Nación— y la Red de Mujeres Periodistas de Venezuela (Redsonadoras).
Este trabajo, desarrollado desde dos geografías distintas y bajo un enfoque transfronterizo, destaca no solo por su rigor investigativo y sensibilidad narrativa, sino por el esfuerzo colectivo que permitió visibilizar una de las problemáticas más crudas en la región: la explotación sexual de mujeres en contextos de migración forzada y violencia estructural.
Durante la ceremonia de premiación, las autoras y también cofundadoras del proyecto Laboratorio Migrante, expresaron su emoción y compromiso con el ejercicio de un periodismo ético, valiente y transformador. “Este premio es de todos los periodistas, especialmente de quienes han tenido que migrar o están detenidos en Venezuela”, expresó Hernández, visiblemente conmovida. Por su parte, Jiménez celebró el valor del reconocimiento como un impulso para continuar narrando historias que merecen ser contadas: “Siempre va a valer la pena hacer periodismo”, afirmó.
La distinción de Ipys Venezuela y CONNECTAS reitera el papel fundamental del periodismo colaborativo en la construcción de redes, narrativas y soluciones que trascienden fronteras. Este galardón no solo celebra la calidad del trabajo realizado, sino la resistencia, el rigor y la esperanza que lo sostienen.
El reportaje, que recoge los testimonios de las víctimas y sobrevivientes de la trata de personas, explotación sexual y prostitución y de la red de mujeres que les prestan auxilio humanitario, psicosocial y jurídico, también fue merecedor del primer lugar (categoría prensa escrita) del Premio de Periodismo “Sofía Ímber” 2025 que concede la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (APEVEX).
El galardón destaca el poder del periodismo para visibilizar las violencias silenciadas que enfrentas las mujeres migrantes y generar impacto social desde el exilio
Por Laboratorio Migrante
La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Exterior (APEVEX) otorgó el Primer Lugar del Premio “Sofía Ímber” de Periodismo Escrito —en su segunda edición— al reportaje “Mujeres que salvan mujeres: al auxilio de las víctimas de explotación sexual entre Venezuela y Colombia”, realizado por las periodistas Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández.
Este reconocimiento exalta la rigurosidad investigativa y la sensibilidad narrativa con que ambas comunicadoras retratan el drama de las mujeres migrantes víctimas de trata en la frontera colombo-venezolana, dando visibilidad a las redes de apoyo que surgen desde las comunidades mismas.
La ceremonia de entrega se celebró el pasado 27 de junio de 2025, en el auditorio de Urbe University (estado de la Florida, Estados Unidos). Durante el evento, los directivos de APEVEX destacaron la labor de los periodistas venezolanos que, desde el exilio y la migración, continúan ejerciendo un periodismo comprometido, ético y transformador, manteniendo viva la esencia de informar con propósito.
Con este galardón, APEVEX busca reafirmar el valor del periodismo que, además de informar, dignifica y aspira generar cambios en las realidades de las poblaciones con mayores condiciones de vulnerabilidad.
Querían huir de Venezuela, pero no lo lograron. Querían encontrar un trabajo digno pero la mayoría de las ofertas laborales que encuentran en la frontera con Colombia las acercan a la explotación sexual. Están atrapadas en las violencias que sufren quienes sobreviven en los rancheríos instalados en la ribera del río Táchira
Por Rosalinda Hernández / Ilustración: Ernesto Cáceres
Son las 2:00 de la madrugada y Alvence (*) se prepara para comenzar su jornada laboral. Debe apurarse con la preparación de las arepas y el café porque pronto llegarán a la zona sus clientes: cientos de personas de Venezuela que huyen del país; que lo siguen haciendo a pesar de todos los peligros, los conocidos y los desconocidos, que puedan encontrar en el camino.
Pero a Alvence le cuesta concentrarse, no logró conciliar el sueño durante las pocas horas que tuvo para dormir. La madrugada ha estado “muy movida”, ha habido más “ruido” de lo normal en la casa de vecindad donde vive alquilada.
“Ahí, mientras preparaba el café, oía los gritos y gemidos de la gente teniendo sexo. Eventualmente oía los escándalos que formaban los borrachos y alguna que otra pelea salía de los cuartuchos de paredes desteñidas con baños compartidos. Es que buena parte de las muchachas que viven allí son de mala vida”, recuerda la mujer y agrega que con esodebía lidiar a diario.
“Un día se me acercó un hombre casi desnudo que salió del cuarto de una de las mujeres y me propuso que me uniera a ellos para hacer un trío. Ellos estaban en el acto sexual y empezó a decirme desastres… Ese día dije: Dios mío ¿qué hago yo aquí?”, prosigue la mujer de 47 años de edad.
El 4 de octubre de 2017, Alvence y su hija de 19 años de edad llegaron a San Antonio del Táchira, la principal vía de escape de personas venezolanas que buscan un mayor bienestar en otros países, el que les está negado en el suyo. Procedían de Valencia, estado Carabobo. Ambas son migrantes internas y no están incluidas en los registros cuantitativos del éxodo masivo internacional, que supera los 7,7 millones de personas, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
En todo caso, Alvence y su hija también son personas que han huido de las calamidades en los lugares donde viven; son personas que merecen protección.
El destino de Alvence era Ecuador, donde la esperaba una prima que le ofreció trabajo en peluquería.Su estadía en la frontera venezolana sería breve, un mes era lo previsto. Un hijo la esperaba en San Antonio para ayudarla a completar el periplo. Le habían dicho que en la frontera hacer dinero era muy fácil.
“Era la ciudad de las oportunidades. Nos dijeron que aquí hasta por reírse usted ganaba plata”.
Cuenta cómo vivía (o sobrevivía) en Valencia: “Me deprimía mucho y me puse flaquita como una aguja. Llegó un momento en que solo comía arepa de masa de maíz pelado, arroz picado o yuca sancochada en la mañana, al mediodía y en la noche. No había ni un pedacito de queso. El café lo tenía que recolar por varios días. Llegó un momento en el que me quería morir. Además, el papá de mis hijos, un militar, se fue y nos abandonó”. Alvence no puede contener el llanto y se seca los ojos con las manos tostadas por el sol de la frontera.
“No tenía champú, no había desodorante ni papel higiénico. Cuando me llegaba el período eso era un desastre; me irritaba y muchas veces me tocó usar trapos. Quería cambiar mi situación, pero al llegar aquí a San Antonio, nos estrellamos con la realidad. Nada era como nos lo pintaron”.
En efecto, en San Antonio la situación de Alvence no mejoró. Tuvo que separarse de su hijo y se vio obligada a vivir en esa casa de vecindad ocupada por mujeres “de la mala vida”. Así se refiere a las migrantes venezolanas varadas en la frontera con Colombia que son víctimas de explotación sexual.
“¿Café y algo más?”
Una madrugada, mientras Alvence vendía café, un hombre la persiguió por las calles adyacentes a la avenida Venezuela de San Antonio. “Vi que me seguía desde muchas cuadras antes. Yo me detuve en el parque. El joven se me acercó y pidió un café, se lo serví y me pagó sin novedad. De pronto se me acercó y me dijo: “necesito saber cuánto cobras para que salgas conmigo”. Le dije: te equivocas, yo vendo café. Tú eres un muchacho y yo soy una mujer adulta y aparte de eso, yo no estilo hacer esas cosas”.
El muchacho tendría unos 22 años, recordó Alvance: “Era insistente en que tenía que salir con él. Me decía ‘piénsalo’ y me anotó el número de teléfono en un papelito. Antes de irse, me volvió a decir “piénsalo”. Le dije que no tenía nada que pensar. Era muy insistente y, finalmente, entendí por qué se había fijado en mí: ‘yo la he visto saliendo de la pensión del barrio Miranda, usted vive ahí y todas las mujeres de esa residencia lo hacen, ¿por qué usted no lo va a hacer?’”.
Alvence se mudó a otro lugar. Sin embargo, con la mudanza no se resolvió el problema: “Parece que uno lo cargara en la frente -dice con sentida indignación- pues donde me paraba o sentaba para vender el café, se me acercaba algún tipo y decía: ‘¿café y algo más?’ o ‘¿cuánto cobras? Más de una vez me tocó mandarlos a la mierda”.
La explotación sexual acecha a las migrantes venezolanas varadas en la frontera. Están en una situación de vulnerabilidad extrema, al punto de que a veces no tienen qué comer y el intercambio de sexo por comida es una posibilidad que está latente. Para algunas de ellas, ejercer el “sexo por supervivencia” representa una tentación. En la mayoría de los casos, no se trata de un trabajo sexual voluntario sino forzoso; es decir, determinado por las circunstancias tan apremiantes en que ellas sobreviven.
La población femenina migrante se ha visto fuertemente afectada por su cosificación comoobjeto sexual. El 32,7% de las personas que ejercen el trabajo sexual en Colombia son extranjeras y casi todas son provenientes de Venezuela, según datos de la Secretaría de la Mujer por intermedio del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género.
Alvence salió despavorida huyendo de la casa de vecindad que funcionaba como un prostíbulo y consiguió alquilar un espacio en la comunidad de “Mi Pequeña Barinas”, ubicada al margen del río Táchira, que marca la frontera entre Venezuela y Colombia.
En esa zona están otros dos rancheríos: “Che Guevara” y “Ezequiel Zamora”. Los tres se edificaron a principios del 2004, con la llegada de personas colombianas a San Antonio, muchas de las cuales escapaban de la violencia en su país y tomaron al pie de la letra la orden dictada por el expresidente Hugo Chávez:“intervenir”todo terreno, público o privado, urbano o rural que se encontrara ocioso.
Once años después, específicamente la noche del 19 de agosto de 2015, en la zona se ejecutó una Operación Liberación del Pueblo (OLP): aproximadamente 1.500 militares irrumpieron en los rancheríos para desalojar a sus habitantes y despejar el área; todo ello en el contexto del cierre de la frontera con Colombia dispuesto por el presidente Nicolás Maduro.
Aquello quedó, literalmente, como tierra arrasada. Sin embargo, con la misma anarquía que signó el nacimiento de Mi Pequeña Barinas, Ché Guevara y Ezequiel Zamora, a partir de 2017 los terrenos fueron invadidos de nuevo.
Ahora, estos tres rancheríos están ocupados por personas desplazadas, pero no de Colombia sino de Venezuela, que se han movilizado hacia la frontera con Colombia desde distintas regiones de Venezuela, pero que quedaron varadas en la frontera en su intento de escapar de la emergencia humanitaria complejaque se ha profundizado en el país.
Son personas que ahora están expuestas a otras dinámicas de violencia, tan o más peligrosas que las que afrontaban en sus lugares de origen.
La precariedad que las hace más vulnerables
Alvence intentó deslastrarse del estigma: “quería que todos los hombres dejaran de verme con ganas”. Por eso montó una venta informal de cambures (bananos, en Venezuela) cerca del mercado municipal y eventualmente hacía limpieza de casas.
En “Mi Pequeña Barinas” conoció a otras desplazadas internas en similares condiciones que ella. Fueron tejiendo una red de apoyo que les servía para encontrar empleos, comprar comida más barata o compartir un cable con conexión eléctrica para alumbrarse en las noches.
“Una vez me llamaron para limpiar una casa. Acordamos hacer la entrevista en La Parada, (el corregimiento colombiano ubicado a 200 metros del Puente Internacional Simón Bolívar). Fui confiada y cuando llegué al lugar me esperaba un hombre en una moto. Ese hombre, empezó a hacerme preguntas que no tenían que ver con limpiar casas. Yo me hacía la loca y le iba explicando qué oficios sabía hacer. De pronto, sacó un celular y me comenzó a tomar fotos, incluso me decía que me volteara y cosas así. Me cubrí la cara y le dije que no podía hacerme fotos sin mi permiso. Pero él no me hacía caso. Entonces di media vuelta e intenté irme. De pronto, ese hombre me tomó muy fuerte por el brazo y después por el cuello y me obligó a subir a la moto. Yo empecé a meter gritos y la gente empezó a llegar. Él me decía ‘cállese, no grite que no le voy a hacer nada’. Cuando vio que la gente venía a socorrerme, el tipo me soltó, prendió la moto muy rápido y se fue, pero su intención era raptarme”.
Adriangela Álvarez, Gerente de Investigaciones de FundaRedes, señala que las personas venezolanas que emigranse enfrentan a peligros en la frontera colombo-venezolana debido a la presencia de grupos armados ilegales. Los riesgos incluyen diversas formas contemporáneas de esclavitud: trata de personas, explotación sexual y extorsión.
León sostiene que las causas estructurales de este tipo de violencias contra la mujer corresponden a una cultura patriarcal y machista que permite a los hombres comprar el cuerpo de las mujeres para satisfacerse sexualmente. Considera necesaria la transformación cultural mediante la prevención (con énfasis en la educación) y la sanción de los atropellos, todo ello articulado en políticas públicas integrales.
Siete años después de estar encallada en la frontera, Alvence lamenta que no ha podido lograr nada de lo que se planteó al migrar desde Valencia.
“Trabajo y trabajo y lo que agarro solo me alcanza para comer y pagar deudas. No he logrado mis objetivos… Aquí me estanqué, son siete años perdidos y no sé qué hacer, estoy desesperada y no encuentro salida”.
Ofertas de empleo que encubren la trata
La historia de Alvence, es similar a la de Marisol (*), una mujer que llegó desde el estado Guárico hasta San Antonio del Táchira con la esperanza de un futuro mejor. Ha trabajado de carruchera (transportando mercancías en carretillas de un lado al otro de la frontera), vendiendo agua y helados en el puente internacional Simón Bolívar, en La Parada y en la avenida Venezuela, zonas donde se concentra la migración hacia Colombia.
Tenía que recorrer las calles durante más de 10 horas con una cava a cuestas. Pero lo que más le pesaba eran los piropos vulgares y las grotescas insinuaciones de los hombres que se le acercaban.
Esta guariqueña de 30 años de edad, que migró a San Antonio con sus dos hijos de ocho y 10 años, intentó apuntarse a un trabajo “formal”, donde estuviera más segura, lo más alejada posible del acecho sexual que se encontraba dondequiera:
“A mí me ha tocado pasar noches sindormir, esperandola una, dos y tres de la mañana para vender los termos de café. Eso fue lo que hice cuando llegué. A la una de la mañana me instalaba en el Centro Cívico o en el mercado municipal, pero el acoso de los tipos es bárbaro”.
En febrero de 2024 se enteró de una oferta laboral en un restaurante de comida china. No lo pensó dos veces; salió con su hoja de vida en una carpeta y la entregó. Dos días después recibió una llamada telefónica para acordar la entrevista que le dejó una amarga experiencia.
“No más entrando, me trataron mal, me miraron de pies a cabeza como revisando algo en mi cuerpo. Me dieron un montón de indicaciones y la advertencia que si no las acataba estaba botada. Yo tenía experiencia como mesera, así que me aguanté el regaño por la necesidad. Finalmente, me dijeron que servía para la cocina, pero no para atención al público porque estaba muy vieja. Lo curioso es que unas muchachas que también aplicaron para el trabajo, una de 22 años y la otra de 25, sí fueron contratadas. La diferencia la marcó “la ropa cortica y pegadita” que usaban esas dos muchachas, asegura Marisol.
Un estudio realizado como parte del proyecto Prevención y Respuesta a la Violencia Basada en Género en contextos fronterizos, documentó la incidencia de casos de trata en las poblaciones de la frontera con Colombia. Mujeres, adolescentes y hasta niñas son atraídas por ofertas de empleo engañosas que generalmente están relacionadas con el modelaje o la venta al público de algún producto. Algunas quedan atrapadas en las redes de trata.
La conversación con Marisol transcurre en un parque público cercano a Mi Pequeña Barinas. “A mi casa no puedes venir, pues aquí vive mucha gente de esa…”, comenta en referencia a supuestos grupos armados que estarían ocupando la zona.
Con una frustración que la apena, Marisol afirma que sus aspiraciones “cayeron al piso” y que antes de llegar a San Antonio su situación era mala, pero ahora es peor:
“Yo tenía un carrito, también una moto… Vivíamos más o menos, pero fuimos vendiendo todo hasta que quedamos solo con el carro, que después lo vendí para comprar el rancho en la invasión”.
Actualmente, Marisol trabaja en peluquería y persiste en reunir algo de dinero para emprender viaje a Estados Unidos.
La ex presidente del Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer) y actual Directora General de la Fundación Proideas, Beatriz Mora, señaló que muchas mujeres han sido víctimas de redes de trata. Son captadas mediante ofertas de trabajo fraudulentas que circulan por redes sociales. Al llegar a la frontera las despojan de sus documentos de identificación y, finalmente, son esclavizadas y explotadas sexualmente.
Recordó el caso de una adolescente (15 años) rescatada en el terminal terrestre de San Cristóbal, que inexplicablemente atravesó no sé cuántos puestos de control policial y militar desde Caracas hasta la capital del Táchira y en ninguno le pidieron identificación.
En Táchira se han develado redes de trata que involucran a miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
“Hace pocos días el gobernador Bernal denunciaba, nuevamente, la captura de personas involucradas en la trata de mujeres en la región”.
Beatriz Mora.
Resignada y sin fuerzas
Un hombre -del que no quiso hablar ni dar detalles- convenció a María (*) para que viajara a San Antonio del Táchira. En su casa le dio albergue a ella y a sus dos hijas menores de edad.
“Él me dijo que me iba ayudar y me preguntó qué me gustaba hacer. Como lo que me gustaba era la cocina, entonces empecé a vender empanadas cerca del cementerio todos los días a partir de las dos de la mañana”. María, como Alvence y Marisol, aprovechaba el tránsito de migrantes desde Venezuela con rumbo a Colombia.
Las propuestas sexuales no cesaban, dice la mujer de 40 años de edad y oriunda del estado Yaracuy:
“Unos me hacían insinuaciones y otros sí me lo pedían de frente e insistían, pero yo nunca he caído en eso. Del lado de Colombia, en la Parada, eso es muy común entre las chicas recién llegadas; ellas cobran por hacer cosas de esas”.
En agosto de 2014, María llegó a la frontera con Colombia; como Alvence y Marisol, “movida por la necesidad”. Su propósito era trabajar, ahorrar y continuar el viaje hasta Bucaramanga. Pero transcurridos casi diez años no ha conseguido un empleo digno y estable que le permita alcanzar la meta.
Dice que vive de la generosidad de vecinos y conocidos. No tiene una casa propia y habita un espacio que no se podría llamar hogar en el rancherío “Mi Pequeña Barinas”. Diariamente debe pagar 5.000 pesos colombianos, equivalentes a 1,35 dólares, por un cuarto de unos tres por dos metros cuadrados, construido con lonas verdes y láminas de zinc; el piso es de tierra y no tiene suministro corriente de agua potable.
A diferencia de Alvence y Marisol, María se siente triste y sin fuerzas para avanzar en su tránsito migratorio. Para ella el retorno a su pueblo en Yaracuy no es una opción: “La situación allá es peor”. Está resignada a seguir varada en la frontera.
(*) Los nombres de las protagonistas de esta historia se mantienen en resguardo. Se usaron nombres ficticios por razones de seguridad, a petición de las propias afectadas.
Créditos:
Documentación y redacción: Rosalinda Hernández/ Ilustración: Ernesto Cáceres/ Acompañamiento editorial: Edgar López.
Esta historia fue publicada originalmente en una alianza de medios venezolanos (La Nación, El Estimulo, Tal Cual) en marzo de 2024.
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