Categoría: Frontera

La Fundación Empodérame, que desde 2017 registra y acompaña casos de trata de personas con fines de explotación sexual en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, particularmente en las zona de La Parada, Villa del Rosario y Cúcuta, donde e los patrones que han documentado evidencian “una red sistemática de explotación contra mujeres, adolescentes y niñas migrantes” quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema ante la ausencia de respuestas efectivas desde el Estado colombiano, según un análisis reciente de esta oenegé.

“Nosotras no estamos hablando de casos aislados. Esta es una estructura criminal sostenida por la impunidad, por la demanda sexual y por la falta de acción del Estado. Lo que ocurre en la frontera es una emergencia humanitaria y feminista”, ha declarado Claudia Quintero, psicóloga y directora de la fundación.

Tácticas de las redes de trata se adaptan

Desde la organización advierten que las redes de explotación sexual emplean tácticas y formas cada vez más avanzadas para captar a sus víctimas, lo cual no siempre se da por vías violentas o explícitas, como por ejemplo el uso cada vez más extendido de redes sociales.

Los “grupos de WhatsApp, mensajes privados en Instagram o TikTok funcionan como herramientas para enganchar a mujeres y niñas, especialmente aquellas sin redes de apoyo ni documentación migratoria”, explica Quintero, quien también insiste con preocupación sobre otras plataformas que han alcanzado una masificación preocupante para captar a niñas, adolescentes y mujeres son “escenarios aparentemente legales como el «modelaje webcam», el comercio sexual en zonas turísticas, o incluso la mendicidad forzada con niñas”.

La falta de regularización migratoria expone más a las victimas

El primer eslabón que sirve de puerta de entrada a la explotación es la ausencia de vías de regularización migratorias accesibles para la población de origen venezolano que huye de una emergencia humanitaria y con elevaos niveles de vulnerabilidad. Con el Permiso por Protección Temporal (PPT) cerrado actualmente para los migrantes (a excepción de los menores de edad) o sin una visa de tipo humanitario “muchas mujeres se ven forzadas a aceptar cualquier forma de «trabajo» para sobrevivir. Las opciones reales de protección estatal son nulas”, advierten de la organización.

Otros de los muchos agravantes de la actual situación lo constituyen, por ejemplo, la no existencia refugios especializados, ni programas de vivienda a largo plazo para víctimas de trata, según se desprende de una respuesta y reconocimiento del propio ministerio del Interior de Colombia, tras un derecho de petición radicado por la Fundación en 2024.

Medidas urgentes

La Fundación alerta sigue identificando una alta demanda sexual masculina en la zona la cual es naturalizada. Aseguran que integrantes de la fuerza policial, empresarios, transportadores y hombres locales frecuentan zonas de explotación sin acarrear consecuencias legales, pero en la que se sigue criminalizando a las mujeres, en su mayoría empobrecidas. En tal sentido la fundación insiste en la adopción del modelo nórdico, que sanciona la demanda y no a las personas prostituidas. “Sin compradores, no hay trata. Sin demanda, no hay explotación. Necesitamos una justicia que mire a los verdaderos responsables”, afirma Claudia Quintero.

Frente al grave contexto que viven mujeres locales y migrantes, la Fundación Empodérame ha planteado una hoja de ruta de aplicación urgente, contenida de siete propuestas: la creación de refugios especializados en zonas de frontera. programas de autonomía económica, documentación y acompañamiento psicosocial; sanciones efectivas contra los proxenetas y compradores, formación especializada en trata para funcionarios (fiscales, policías y migratorios) y la participación de sobrevivientes en la formulación de políticas públicas.

La violencia contra mujeres víctimas de trata, explotación sexual y prostitución es equiparable al trastorno de estrés postraumático que sufren los veteranos de guerra.  En Colombia, tan solo en lo que va de 2025, han sido  reportadas casi un centenar de mujeres víctimas de violencia sexual, en medio del recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, de las cuales el 65% de ellas son venezolanas.  Frente a esta cruda realidad, una red de mujeres lucha por auxiliar a las víctimas, desafiando grandes peligros para rescatarlas

Por Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández

Ilustraciones: Ernesto Cáceres 

¿Quién dijo que a todas las pueden salvar? Muchas veces son devueltas en urnas al otro lado de la frontera o las entierran en suelo colombiano en la más absoluta soledad, con sus deudos a cientos de kilómetros resignados o viendo su funeral por una videollamada.  Hay otras que simplemente siguen desaparecidas. 

A algunas les roban sus niños o los separan institucionalmente de ellas, les quitan sus documentos y son confinadas mientras son explotadas sexualmente día tras día, noche tras noche. Otras son esclavizadas y entregadas a grupos armados en la guerra sin fin, en la Colombia profunda, o traficadas a otros países.

La muerte lenta les llega por VIH u otras infecciones de trasmisión sexual (ITS). Las inducen al consumo de sustancias psicoactivas, como alcohol u otras drogas, adicciones que las sumen en una destructiva vorágine. Un escaso número se reconoce como víctima, pocas se atreven a denunciar, mientras que los ínfimos casos retratados en los medios tradicionales ven luz bajo un enfoque revictimizante para saciar los clics. 

La mayoría será parte del subregistro y de la negación y abandono de su Estado de origen, del Estado a donde migraron forzosamente o por donde pasan en tránsito. Las niñas, adolescentes y mujeres migrantes explotadas sexualmente o sometidas a contextos de prostitución llevan las de perder en todo momento. 

Pero algo tienen todas en común: siempre hay alguien lucrándose una y otra vez de la venta de sus cuerpos a otros hombres que las demandan como una mercancía más. Mientras exista la demanda, la trata no cesará. 

En este panorama, la voz de mujeres que trabajan en condiciones elevadas de riesgo y condiciones adversas para auxiliar y rescatar a víctimas y sobrevivientes se hace vital en el camino de sanar y superar las múltiples violencias que no cesan en medio del contexto migratorio.  

De víctimas a defensoras: un viaje de sanación y activismo

La lucha que libra la abogada Alejandra Vera contra las mafias proxenetas en la frontera colombo-venezolana hace quizá parte de su proceso de transformación: del dolor a la dignidad. Desde niña sufrió el desplazamiento forzado por el conflicto armado colombiano, la violencia brutal de su progenitor y luego ser vendida a una familia venezolana. Ha denunciado con fuerza las múltiples violencias que padecen las mujeres en la zona, que van desde cruentos asesinatos hasta el robo de sus hijos.

Es precisamente en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela y puerta de entrada de migrantes forzados, el nódulo donde confluyen múltiples actores, que van desde grupos armados, redes de trata y bandas criminales, además de la proliferación de los estudios webcam (recintos destinados a generar contenido pornográfico a costa de la explotación sexual y laboral de niñas y mujeres) donde el trabajo de lideresas como Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, cobra una labor vital, pero de altísimo riesgo.

Alejandra relató que en 2024 fue perfilada y expuesta por funcionarios de la alcaldía de Cúcuta y la Policía de Turismo ante los dueños de prostíbulos y proxenetas, después de haber revelado la crisis sanitaria que afectaba a cientos de mujeres víctimas de trata y prostitución.

En su organización, más de 12,000 mujeres migrantes han sido atendidas en los últimos tres años, muchas de ellas embarazadas y víctimas de trata desde niñas. “La violencia sexual y la explotación están normalizadas en algunas comunidades, donde incluso los cuidadores participan en estos abusos”. 

Justo en torno a los derechos sexuales de las mujeres y a una vida libre de violencia, el debate entre los modelos para abordar la prostitución se mantiene abierto en Colombia, entre dos visiones: el regulacionismo, que pide su reconocimiento jurídico, la considera un trabajo, exige beneficios laborales, rechaza el punitivismo sobre quienes la ejercen y asegura que éstas lo hacen de manera “voluntaria” (agencia propia).  

Por otro lado, el abolicionismo de la prostitución asegura que esta ni es sexo, ni trabajo: es violencia sexual y machista, donde las mujeres son consideradas una mercancía u objeto de consumo al servicio de los hombres. En sus ejes está ofrecer una salida, protección a las víctimas y sobrevivientes (atención psicológica, jurídica, sanitaria y laboral), nunca criminalizarlas,  perseguir al proxenetismo y sancionar la demanda.

Aunque en Colombia, la prostitución no está prohibida como tal y el debate se vuelve complejo, Vera insiste que se trata de una forma de explotación. Entre 2018 y 2024, la oenegé que lidera identificó a unas 5,000 mujeres en contextos de explotación sexual y víctimas de trata, la mayoría migrantes venezolanas.

En 2023, la organización que Alejandra dirige registró oficialmente cinco mujeres asesinadas en contextos de explotación sexual. La activista detalló que las mujeres son encontradas en costales en los canales u otras son llevadas a la zona del Catatumbo, región de Colombia en la que históricamente han accionado las guerrillas del ELN, las FARC, el EPL y los grupos paramilitares, “a través de formas inimaginables de la violencia, y que han dejado a su paso más de 130,600 víctimas”, como reseña el portal Rutas del Conflicto. 

“Es muy duro oírlas llorar, cómo describen la violencia sexual a las que son sometidas, que desean salir de allí o cuando confiesan que han intentado quitarse la vida. Pero también es muy doloroso cuando terminan asesinadas, contactar a sus familias y repatriar sus cuerpos”, denuncia Vera.

Traspasar el dolor para servir

Una pistola en la cabeza cambió la dirección de una vida marcada por la explotación sexual a la que Kate estaba sometida desde que cruzó a Colombia. Fue el punto de giro en el tránsito de víctima a transformarse en un instrumento de auxilio y sanación en las historias de otras. 

“Un hombre me amenazó, me quería matar y tuve que salir desnuda corriendo a pedir ayuda. Ese día pensé, ¿quién cuidaría de mi hija si algo me pasa? Eso fue lo que me llevó a decidir que era hora de cambiar”, recuerda esta mujer venezolana de 31 años, aún con dolor, mientras une los retazos del suceso que la llevó a convertirse en defensora de los derechos de mujeres migrantes y colombianas retornadas, desde Cúcuta, Norte de Santander, frontera con Venezuela. 

Retrocede y recuerda el viaje emprendido en 2016, cuando llegó desde el estado Lara (a casi 370 km de Caracas) con su hija de 4 años, con la intención de trabajar y enviar dinero para el tratamiento médico de su padre enfermo. 

La promesa de trabajo de una “amiga” la llevó a un lugar donde se ejercía la prostitución y durante dos meses estuvo inmersa en un ambiente de drogas, violencia y explotación, sometida por un proxeneta que le exigía pagos diarios a cambio de protección.

Cruzar esa dolorosa línea para Kate fue posible gracias al apoyo que recibió de varias organizaciones, entre ellas la Corporación Feminista Mujer Denuncia y Muévete.

No ha sido fácil el camino, pero el balance hoy en día lo considera positivo. Regresó a los burdeles, pero para extender su mano a otras.

“Todo fue cambiando cuando comencé a trabajar con una organización internacional. Ellos me dieron tarjetas canjeables por mercados y kits de higiene, lo que fue una bendición en ese momento”. 

Meses después, la misma organización lanzó un proyecto destinado a ayudar a mujeres  y gracias a su experiencia Kate fue seleccionada para unirse a esta iniciativa. Así, comenzó a enseñar a otras mujeres a reconocerse a sí mismas, a pesar de la violencia y el sometimiento que enfrentan, como rigurosos encierros, crueles golpizas y amenazas de muerte.

El proceso de auxiliar a otras también ha implicado poner su vida en riesgo. Durante la activación de una ruta de denuncias, alguien alertó a bandas delictivas que operan en el parque Mercedes Ábrego de Cúcuta (zona de impacto) y hoy Kate enfrenta amenazas por su trabajo como defensora de los derechos de muchas mujeres.

“El año pasado, acompañé a una niña venezolana que fue golpeada por un proxeneta al negarse a vender drogas. Hicimos la denuncia ante la fiscalía y un año después no ha pasado nada. La persona denunciada fue alertada de lo que estábamos haciendo”.

La niña tuvo que regresar a Venezuela debido a amenazas de muerte. No recibió protección de ninguna institución en Colombia. “Esta situación es común cuando se activan las rutas para víctimas de trata, convirtiéndose en un proceso lento en el que muchas mujeres han sido asesinadas”.

Kate conoce bien el pantanoso terreno que pisa y describe cómo las bandas criminales demuestran su control del territorio en los asentamientos de migrantes donde, junto a los proxenetas, imponen un férreo control sobre sus vidas. “Una vez que alcanzan la pubertad, entre los 13 y 14 años le advierten bajo amenaza de muerte que no deben perder su virginidad sin su permiso, porque las consideran de su propiedad. Las marcan como reses, con tatuajes con los que las identifican como de su propiedad”.

Si una niña intenta escapar o su familia protegerla, no les queda otra salida que huir. Kate, insiste en las fallas de las rutas de protección para las víctimas de trata.  “Existen casas de refugio para ellas y sus hijos, pero el tiempo de estancia es limitado y luego deben abandonar el refugio. Incluso, a veces la información sobre su caso se filtra, llega al victimario y agrava el escenario”.

Kate ha sido una voz activa para las mujeres migrantes víctimas de trata y sobrevivientes de violencia sexual en numerosos eventos en Colombia. Ha presentado peticiones de protección a diversas entidades estatales, cuestionando la atención y protección brindada a las víctimas, así como la gestión en procesos de regularización migratoria.

El discurso de la dignidad: sobrevivir para contarla 

En agosto de 2018, el más alto estrado de la justicia en Colombia, la Corte Constitucional, se vio sacudido cuando Claudia Quintero se plantó para pronunciar en 13 minutos su emblemático Discurso de la Dignidad. Retumbaba entre la solemnidad de los magistrados, togas y rostros que mudaban de la circunspección al asombro.

“Pienso en cada noche en que pasé frío, los proxenetas me castigaban. Pienso que fue una vida de dolor, ¿voluntariamente elegida por mí? Sí, pero con una pistola simbólica en mi cabeza cargada de desplazamiento forzado en guerra, indiferencia, discriminación, abuso, falta de oportunidades (…) No quiero derechos laborales, quiero derechos humanos y esos no me los garantizó la prostitución”

Frases que llevan a un debate impostergable de cuánta agencia, voluntad propia o consentimiento existe en las mujeres empobrecidas o marginadas que son sometidas a la explotación sexual y a la prostitución. “En el burdel no se te garantiza ningún derecho, solo eres una mercancía (…), ahí te quieren drogada, alcoholizada y operada”, remata esta mujer.

A Claudia, nacida y criada en zona fronteriza colombo venezolana, su trabajo como activista de derechos humanos desde adolescente le costó amenazas, vejaciones por grupos paramilitares y el desplazamiento forzado junto a su familia a causa de la guerra en Colombia. La migración interna a la capital fue dura: con una bebé en brazos, embarazada y el abandono de su pareja, es enviada a un refugio en Bogotá. Allí, más empobrecida, con hambre y desesperada termina empujada a ejercer la prostitución en medio del consumo de sustancias que le permitían aguantar los abusos diarios y extremos. Es casi una década después cuando logra pedir auxilio a la Unidad de Víctimas, para salir de ese contexto y entrar en duros procesos de rehabilitación. 

El verbo de Claudia es poderoso y vehemente y es una de las caras más visibles de la lucha contra la explotación sexual y contra la prostitución en Colombia, defensora de la dignidad de niñas y mujeres colombianas y migrantes venezolanas.

Con una convicción inquebrantable, está por graduarse de psicóloga y dirige la Fundación Empodérame con el apoyo de voluntarias, incluyendo a mujeres sobrevivientes. Ha sido pionera en la lucha en las más altas cortes de Colombia para la defensa de las mujeres víctimas de explotación sexual y prostitución:  ha ganado cantidad de casos ante la justicia, a favor de colombianas, venezolanas y otras nacionalidades. Su fundación apoya y rescata en promedio a unas 500 mujeres víctimas y sobrevivientes por año.

Sobre la situación en Venezuela, Claudia elige calificarlo como “una tragedia humanitaria”. En particular, resalta que la situación de migración forzada especialmente de mujeres y niñas, las empuja a la explotación sexual en Colombia y en otras partes del mundo. “Es una vergüenza para la humanidad, es un castigo contra ellas por el hecho de ser mujeres y pienso que es un problema a raíz de la política dirigida por hombres”.

Confiesa reconocerse en la tragedia de otras, “me mueve la empatía que me brinda el hecho de haber sido víctima, siento que se repite en ellas mi historia del desplazamiento, de la explotación, del abuso a partir de la situación de movilidad que teníamos las víctimas del conflicto armado y que ahora tienen las migrantes”.

Cruzar para salvarte y salvar a otras

Bajo la batuta de Claudia Quintero, Empodérame sigue impactando innumerables vidas de mujeres locales y migrantes. Entre su equipo de voluntarias está Fany, quien se vio forzada a migrar desde los llanos venezolanos hacia Colombia hace 6 años. Medir 1,70 de estatura y pesar menos de 45 kilos, para ella era lo más cercano a sentir que se extinguía junto a sus dos niños, ambos casi en el umbral de la desnutrición. 

En 2018, cuando atravesaba el último río hacia Colombia quedó bajo el fuego cruzado entre grupos armados en el departamento de Norte de Santander. Tirarse al piso, arrastrarse y chocar con una guerra ajena: así entraba y no había vuelta atrás. 

Tras vivir en condiciones muy precarias y bajo la promesa de un trabajo como “mesera en un bar” accedió a ser trasladada a una zona rural, pero fue captada bajo engaño previamente por una familiar.

“Nos vendaron y luego de 5 horas por carretera desde Cúcuta nos entregaron a un grupo armado para ser esclavas sexuales junto a otras 20 mujeres venezolanas y colombianas. Las que se negaban, los milicianos las mataban, ahí pasaba un río cerca, ahí las tiraban”.

Fany no fue rescatada y tras huir a Medellín (Antioquia), a casi 700 km de la frontera, dormir en lugares diferentes cada noche por miedo a ser localizada por la red e intentar sobrevivir de varios modos, se vio obligada a ejercer la prostitución durante 4 años en el emblemático Parque Berrío. 

Justo en una jornada de caracterización sobre la explotación sexual que hizo Empodérame en la ciudad, las vidas de Claudia y de Fany se cruzaron, tejiendo una historia de solidaridad y apoyo juntas: ambas como sobrevivientes de múltiples violencias, pero empeñadas en ayudar a otras.

En el tiempo que lleva como voluntaria de Empodérame, Fany ha sido enlace clave con mujeres víctimas, tanto de explotación sexual como en el ejercicio de la prostitución. En las jornadas de caracterización ayuda a identificar en éstas los riesgos que atraviesan y sus necesidades más apremiantes, además de ofrecer asesorías jurídicas para que las sobrevivientes entiendan y ejerzan sus derechos.

Justo en los operativos de abordaje otro caso emblemático de auxilio ha sido el de Grecia, migrante forzada con discapacidad cognitiva quien fue detectada en la calle junto a su hijo Matias de 5 años. Había sido víctima de violencia intrafamiliar y de explotación sexual en medio de su desesperada búsqueda de empleo. Captada bajo engaño por una mujer de su entorno, movilizada y entregada en zona rural de Santander a una red de trata, logró escapar del confinamiento y ser auxiliada para luego iniciar una ruta de protección para víctimas de explotación sexual que ha dejado expuestas innumerables fallas 

La fundación Empodérame tuvo que trazar a los meses una enérgica estrategia jurídica para que pudiera recuperar a su niño, del cual fue separada cuando estaba a punto de perder el beneficio de refugio otorgado por el Estado colombiano. El accionar de la fundación fue clave para la reunificación de Matías y Grecia, pero la amenaza del desalojo del albergue y que le quiten de nuevo a su niño siguen latentes mientras siga en Colombia por la exigencia de conseguir un trabajo estable pese a no contar con ninguna red de apoyo, por lo que la fundación se mantiene vigilante. 

Al día de hoy, las vidas de Grecia y Fany están unidas por la sororidad y la voluntad de una red de mujeres que no se rinde frente a los devastadores daños que deja la explotación sexual y la prostitución forzada en sus pares, reciben la compañía y el auxilio que ha significado un punto de giro en sus vidas. 

Fany fue becada en 2023 y logró obtener un diplomado en servicios hoteleros, y aunque como mujer colombo-venezolana, ambos Estados le han fallado, sigue convencida en ayudar y orientar a mujeres que sufren el contexto que ella experimentó. Por su parte, Grecia solo espera impaciente la confirmación del reasentamiento hacia Australia en calidad de refugiada junto a su niño.

Del abuso y la deportación al auxilio de otras

“Sororas e Irreverentes” es el nombre de la organización que dirige Adriana, quien ha logrado caracterizar a unas 100 mujeres, entre venezolanas y colombianas que se identifican como víctimas de explotación sexual y sobrevivientes de violencia de género en la frontera colombo-venezolana, junto al apoyo de organizaciones como la Corporación Feminista Mujer Denuncia y Muévete Cúcuta.

La fundación que lidera procura ofrecerles a estas mujeres desde opciones para el cuidado de la salud sexual y reproductiva, pruebas de tamizaje, VPH, VIH hasta alternativas de emprendimientos para encontrar una salida segura de la prostitución, considerando que el factor económico es el principal motivo que las mantiene en esta situación.

“Nuestra vida es muy complicada y peligrosa. Desde afuera, parece que estamos aquí porque nos gusta, pero no es así. Las condiciones son extremas, estamos expuestas a enfermedades y, a veces, no podemos seguir los tratamientos porque no tenemos cómo pagarlos”, dice Adriana, quien sigue ejerciendo la prostitución. 

Pero en los 42 años de vida de esta mujer, la ocurrencia de múltiples violencias ha sido más que abrumadora. Siendo una niña de apenas siete años sufrió durante un largo tiempo el abuso sexual de su padrastro. Todo empezó en época navideña en Colombia. “Durante la celebración de la Noche de Velitas, me violó. Mi mamá nunca me creyó”, recuerda.

Poner fin al infierno que vivía la empujó a escapar de su casa con quien finalmente fue el padre de sus hijos y quien la golpeaba salvajemente, por lo que fueron obligados a huir por estructuras criminales que ejercen control social en los territorios. Es cuando en 1.999, escapa disfrazada de hombre a Venezuela, al estado Portuguesa. Ante la precariedad y la imposibilidad de regularización migratoria fue captada por una red de explotación sexual de la que logró salir y regresar a su país. 

Pero en 2002, vuelve a ser víctima del conflicto armado. “En Cúcuta, mataron a mi papá delante de nosotros”, por lo que sufre su segundo desplazamiento forzado y vuelve a Venezuela: sin documentos venezolanos vuelve a estar marginada y opta por la prostitución en Caracas. “Me detuvieron. Yo no quería firmar la deportación, pero me obligaron. Fui violada por funcionarios de seguridad. La Guardia Nacional y oficiales de migración fueron los responsables de esto”, reveló Adriana.

La deportación desde Venezuela a Colombia agudizó su crisis económica y la empuja nuevamente a ejercer la prostitución en Cúcuta, desde donde también fue captada por una “amiga” resultando como víctima de trata en Ecuador. 

Al día de hoy, con las represalias latentes, pero con la experiencia que le dan las cruentas batallas libradas, Adriana reta a las autoridades municipales de Cúcuta en busca de mayor protección y respeto a su labor: “En una reunión con el alcalde, le explicamos que con nuestro cuerpo todos se lucran: el dueño del bar, los clientes y los traficantes de drogas porque inducen bajo amenaza a muchas chicas a ofrecer drogas a los clientes, lo que a veces les cuesta la vida, nos ha tocado repatriar los cuerpos de las venezolanas”.

«Sororas e Irreverentes» está compuesta por mujeres que como Adriana aun desempeñan la prostitución. «Nos protegemos mutuamente porque siempre hay quienes intentan agredirnos. Si eso ocurre, todas nos defendemos, incluso contra la policía, que a veces nos atropella o envía patrullas para dispersarnos, diciendo que no quieren ver a ninguna prostituta«.

Aves de paso y un ángel en el camino

Herminda Bermúdez ha perdido la cuenta de la cantidad de derechos que se le han negado en su vida. Vivió en situación de apatridia casi seis décadas, tiempo durante el cual el derecho a una nacionalidad, a la pertenencia y arraigo a su patria no lo había podido ejercer. No fue sino hasta los 59 años de edad que logró tener su identidad colombiana, mientras que, como desplazada forzada durante unas cuatro décadas en Venezuela por el conflicto armado, nunca logró tener un estatus migratorio regular, sino que por el contrario, sufrió la deportación en agosto del 2015, en medio del decreto de Estado de Excepción dictado por Nicolás Maduro en la frontera tachirense. Pero tras el retorno forzado a su país traía una misión: salvar las vidas de otras mujeres.

Aves Emigrantes de Paso Somos Uno Solo (FUNDAPASOVES), es el nombre que Herminda decidió darle a la fundación que lidera a través de la cual rescata, apoya y orienta a mujeres venezolanas y colombianas retornadas que han sido víctimas de trata y de violencia basada en género. La casa funciona en medio de un asentamiento irregular (invasión) en el que colombianos y migrantes venezolanos han levantado viviendas precarias. El asedio al que es sometida por grupos armados es constante, pero no detiene su labor en Cúcuta.

“En 2017, intenté rescatar a una mujer que era víctima de violencia intrafamiliar y terminé arrodillada, amenazada con una pistola en la cabeza por el marido de la víctima”, recuerda esta mujer, quien a sus 69 años se ha convertido en un “ángel” para la vida de muchas por medio de intervenciones en terreno, constantemente vive expuesta a contextos violentos y de lucha armada que se libra en esa zona fronteriza. 

En agosto de 2024, una joven migrante venezolana que falleció en condiciones adversas en Cúcuta, pudo recibir una sepultura digna a través de las gestiones ejercidas por Herminda. El cuerpo de la joven había permanecido semanas en la morgue del hospital Erasmo Meoz de Cúcuta sin que nadie lo reclamara, pues su madre en Venezuela no contaba con los recursos para repatriarlo ni trasladarse al lugar. Herminda y su equipo gestionaron el entierro con la ayuda de instituciones locales, lo que fue profundamente agradecido por la mamá de la joven en Venezuela.

Gracias al apoyo de organizaciones internacionales como ACNUR y la ONU, así como de la Defensoría del Pueblo, esta lideresa ha logrado gestionar soluciones de emprendimiento para mujeres migrantes y retornadas. Estas iniciativas han permitido que muchas salgan del sometimiento y la violencia a las que viven sometidas. A través de charlas, apoyo psicológico y proyectos como peluquerías, panaderías y otras labores, se les brinda la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y superar la precaria situación en la que se encuentran.

Recompensa al trabajo en contextos de trata

Tiró la puerta, entró borracho, drogado y la golpeó con toda su fuerza, le reventó un ojo y la boca. Fiebre alta y una hemorragia vaginal aparecieron con los días. Como si se tratara de un despojo humano, el proxeneta que la mantenía encerrada se deshizo de ella porque ya no le generaba ganancias. Así inicia María Mercedes el relato de uno de los capítulos más dolorosos de su vida.

Sin embargo, la caridad de un hombre la ayudó a conseguir medicinas y un empleo temporal que sirvió para mantener a flote a esta mujer de 45 años, quien había salido en 2019 desde Maracay (Aragua) hacia Cúcuta, empujada por la precariedad que vivía. 

“A mi hija de 7 años no la podía alimentar ni enviar a la escuela con hambre. Por las noches, la distraía para que se durmiera sin pedirme comida. Pero al día siguiente, tampoco tenía nada para darle”, recuerda.

Justo en este capítulo de la vida de María Mercedes hay un nombre que queda indeleble: Magaly Castañeda, abogada y lideresa de la Fundación Frida Kahlo, quien le brindó apoyo emocional y orientación para un emprendimiento del cual vive actualmente, junto a su esposo y  su niña, cuando finalmente se pudieron reunificar. 

El 70% de las mujeres atendidas por esta organización desde 2018, han sido migrantes venezolanas, en edades comprendidas entre los 18 y 28 años. Magaly mantiene un trabajo incansable dedicado a salvar y restaurar las vidas de estas mujeres que en su mayoría han sido coaccionadas o engañadas.  Trabaja en zonas de impacto de Cúcuta y Villa del Rosario lo que le ha permitido identificar que los casos de trata de personas han aumentado progresivamente: De 5 en 2022 a 56 hasta julio de 2024.

“Desde 2020 la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, frente a los tratantes y grupos criminales va en aumento”, resume Castañeda, galardonada en 2022 con el Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales (International Visitor Leadership Program IVLP) del Departamento de Estado de EE. UU., por el impacto de su organización en mujeres víctimas de Violencias Basadas en Género (VBG) y trata de personas.  

Casa de segundas oportunidades 

“La Esperanza”, es el nombre del Centro de Acogida y Capacitación de las Hermanas Oblatas en Medellín, congregación que hace más de siglo y medio acoge a mujeres prostituidas que eran excluidas y rechazadas en otras instituciones, les brindan formación en oficios diversos y acompañamiento psicosocial 

Para las Oblatas, la prostitución, la pornografía y las actividades en los estudios webcams no son trabajos, son la antesala de la trata de mujeres con fines de explotación sexual y están ligadas a la feminización de la pobreza y la desigualdad social creciente, postura que dicen compartir con la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas de la ONU, Reem Alsalem.

“No podemos cruzar los brazos mientras estas mujeres siguen siendo tratadas como objetos”, dice una de sus integrantes quien prefiere mantener su identidad bajo resguardo. 

Entre la calidez que se respira en La Esperanza el trabajo en red es incansable. Natalia Marín, psicóloga del centro, documenta y atiende a las que tocan las puertas y que traen consigo secuelas emocionales, conductuales y psicológicas severas.  “Muchas presentan trastornos duales, muchas son obligadas a consumir sustancias psicoactivas o alcohol, lo que deriva en trastornos depresivos, de ansiedad e incluso psicóticos”. 

Para Natalia, auxiliar a mujeres migrantes es todo un reto, en especial por los duelos que se les suman. 

“Pierden su identidad, su autoestima, no encuentran su lugar en el mundo, se sienten propiedad de otro. Tratan de sostener a sus familias a distancia, mientras les toca defenderse y sobrevivir acá”, dice Natalia.

Las Oblatas también trabajan de la mano de voluntarias como Jeny, mujer afrocolombiana quien de adolescente fue víctima de explotación sexual, captada  en Medellín y trasladada bajo engaño junto a otras adolescentes hasta el departamento del Meta, municipio rural de San Martín (zona de distensión de los paramilitares entre 1998 y 2002) donde fueron encerradas en cuartos bajo cadenas las 24 horas del día. 

“Cuando llegamos nos pusieron en fila, arrodilladas, listas para el tiro de gracia, frente al comandante paramilitar. Nos prometieron asesinarnos si alguna intentaba escapar o avisar a la familia”. 

Tras su desaparición nadie de su familia la buscó ni avisó a autoridades policiales por miedo. Luego de un mes logró escapar de sus captores y en el intento falleció una de las adolescentes y un integrante de la organización criminal, quien les había abierto los candados de los cuartos donde eran sometidas. 

Por muchísimos años Jeny guardó silencio por miedo a ser culpada. La falta de apoyo de su familia y los traumas de la guerra y la explotación la llevaron al consumo de alcohol, un embarazo temprano y a merced   de la prostitución. Y aunque logró salir, el apoyo de las Hermanas Oblatas ha sido crucial para ella. Ganó una beca universitaria y se prepara para ser abogada con un propósito de vida irrevocable: asistir a las víctimas de explotación sexual y prostitución colombianas y migrantes. 

Misión arriesgada, indetenible y contra todo pronóstico

Mientras el acuerdo internacional más importante en materia de lucha contra la trata de personas, el Protocolo de Palermo, exige a los Estados “desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación”, especialmente de mujeres, niñas y  niños, el Estado colombiano luce ambiguo o parece ir en dirección contraria.  Las organizaciones consultadas para este reportaje advierten aún serias fallas para el reconocimiento de las víctimas, para iniciar y permanecer en la ruta de atención y  acceder a un proceso de justicia y de reparación. Como si fuera poco, otro agravante lo constituye la ausencia de protección , resguardo y garantías a la integridad para estas mujeres que se mantienen en lucha ayudando a otras, expuestas ante el accionar de  redes criminales pero inquebrantables en la denuncia de estos contextos y en el auxilio de sus pares.    La falta de capacitación de jueces y fiscales para la tipificación adecuada del delito ya ha sido expuesta también en otras instancias . 

En el caso de Venezuela, se suma la opacidad sobre las estadísticas y caracterización de las víctimas de trata, la ausencia de un mecanismo que acoja con dignidad a mujeres víctimas y sobrevivientes, y por ende la ausencia de políticas públicas de protección, incumpliendo tratados internacionales de los que son signatarios, como lo explicó para este informe la oenegé Mulier Venezuela. 

–Este trabajo se realizó con el apoyo editorial de la Red de Periodistas Venezolanas, en el marco del programa Redsonadoras.  

–Los nombres de algunas de las víctimas que aportaron sus testimonio para esta investigación fueron cambiados por resguardo a su integridad.