Entre las mayores violaciones a los derechos humanos está el reclutamiento y utilización de niñas y adolescentes por los actores armados, la trata con fines de explotación sexual de mujeres colombianas y venezolanas, afectadas por el desplazamiento interno y la migración forzada, además de la persecución en contra de lideresas locales
Por Rosalinda Hernández C.
Siguen encendidas las alertas sobre las graves violaciones a los derechos humanos contra mujeres y niñas en la subregión del Catatumbo y en localidades receptoras de población desplazada por la guerra, como Cúcuta, en el departamento Norte de Santander, frontera con Venezuela, según advierte un informe del comité de expertas de la OEA que hace seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)
Tras una visita técnica realizada en febrero a Colombia, la delegación confirmó un «continuum» de violencia agravado por el recrudecimiento del conflicto armado, aunado a la inoperancia o debilitada respuesta institucional.
El trabajo en terreno se nutrió a partir de los relatos recogidos de 40 mujeres y diversas fuentes oficiales que revelan una crisis humanitaria sin precedentes, además se identificó nuevas dinámicas de violencia en la evolución del conflicto armado: la utilización de tecnologías digitales para la trata y las redes de explotación en plataformas webcam (violencia sexual digital) como mecanismos de coerción y control social.
«La instrumentalización de mujeres en funciones forzadas de cuidado de personas heridas, enterramiento de cuerpos o limpieza y servidumbre para estructuras armadas», es otros de los patrones que ha proliferado y que cita el informe.
La invisibilización y desprotección de las víctimas quedó marcada como una constante en donde el Estado colombiano responde con «herramientas obsoletas» y rutas de atención fracturadas. La debilidad institucional en zonas de control criminal anula la capacidad de investigación, generando una violencia institucional que revictimiza a quienes buscan justicia.
Entre los perfiles de mayor riesgo, los expertos identificaron cuatro grupos críticos en situación de vulnerabilidad extrema: víctimas de violencia doméstica en zonas de conflicto, mujeres bajo control de grupos armados, lideresas sociales perseguidas y población migrante (principalmente venezolana) expuesta a esclavitud sexual.
La mayoría de los casos y testimonios que sustentan el informe del comité de expertas de la OEA sobre la tragedia humanitaria que viven niñas y mujeres han sido documentados por la organización Mujer, Denuncia y Muévete (MDyM) que acompaña a víctimas y sobrevivientes en Norte de Santander.
“Este sistema se sostiene en el clasismo y el sexismo, normalizando que sean, mayoritariamente, mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad quienes ponen el cuerpo, mientras que quienes compran -en su mayoría varones con poder económico, social vinculados al crimen organizado y los grupos armados – ejercen una posición de dominio”, denuncia la abogada Alejandra Vera, directora de esta corporación.
“Nombrar correctamente estas realidades no es un detalle semántico, es una postura política y ética. El lenguaje importa porque visibiliza o encubre la violencia. Decir “trabajo sexual” o “gestación subrogada” sin cuestionar las condiciones materiales puede diluir las dinámicas de poder y ocultar las desigualdades que las sostienen” insiste Vera.
Exigencias urgentes a Colombia
Para frenar esta crisis, el comité de la OEA que integra el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), le exige al Estado colombiano implementar con urgencia una hoja de ruta sustentada con cuatro pilares: Servicios itinerantes, que consiste en desplegar salud y justicia móvil en el territorio y regularizar de inmediato a mujeres migrantes mediante el Permiso por Protección Temporal (PPT). Paz con Enfoque de Género: garantiza la participación femenina en mesas de diálogo y exigir a grupos armados el cese del reclutamiento y la violencia sexual, con verificación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA).
Pese al panorama desolador, la delegación en su análisis conclusivo, resaltó el compromiso de las duplas de la Defensoría del Pueblo, las secretarías de las mujeres y las mujeres integrantes de la Policía Nacional, quienes operan con recursos limitados y bajo altos riesgos de seguridad para atender a las víctimas en terreno.
La violencia de género en Colombia
El 2026 inició con cifras alarmantes en cuanto a la violencia extrema en contra de mujeres, niñas y adolescentes en Colombia, de acuerdo a cifras presentadas recientemente por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. Solo en enero se reportaron 28 feminicidios consumados, con mayor incidencia en departamentos como Quindío y Santander.
La violencia intrafamiliar es la categoría con el mayor volumen de víctimas en el país, ensañándose principalmente con las mujeres adultas. Al inicio de 2026 la situación sigue siendo crítica: sólo durante el mes de enero se reportaron 1.901 casos. En este periodo, las mujeres mayores de 18 años continúan siendo el grupo más afectado con 1.333 registros, seguidas por 197 casos en menores de edad. Cabe anotar que existe un subregistro preocupante de 371 casos donde no se logró determinar la edad de la victima.
La libertad e integridad sexual en Colombia revela una realidad desgarradora: la niñez y la adolescencia son el blanco principal de agresiones, representando sistemáticamente más del 50% de los casos totales reportados ante las autoridades.
El resumen de 2025 consolidó una cifra desoladora: de casi 16 mil delitos sexuales contra mujeres, 8.644 víctimas fueron niñas y adolescentes. Esta tendencia de extrema vulnerabilidad infantil se mantiene en el arranque de 2026; solo en el mes de enero, de los 963 casos registrados, 453 correspondieron a menores de edad, evidenciando que el entorno sigue siendo hostil para el desarrollo seguro de las niñas en el país.
Explotación sexual imparable
Una de las formas más crueles de violencia es la representada por la explotación sexual, el registro de 2025 cerró con 151 casos específicamente en niñas y adolescentes. Al corte del 31 de enero de 2026, ya se han reportado 5 nuevos casos.
En cuanto a la trata de personas, se mantiene como una de las violaciones más graves a los derechos humanos en el país, con una incidencia que se concentra estratégicamente en zonas de frontera, regiones insulares y las principales capitales. Este delito, que explota la vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres, cerró el año 2025 con un total de 193 víctimas reportadas.
Al inicio de 2026, la tendencia persiste con 6 mujeres víctimas registradas solo durante el mes de enero. De estas, la mayoría son mayores de 18 años, aunque se reportan 2 casos en niñas y adolescentes, evidenciando que las redes de tratantes no discriminan rangos de edad en sus procesos de captación.
Al evaluar el impacto por cada 100.000 habitantes, el reporte de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación identifica tres focos críticos de prevalencia:
Norte de Santander: Por su condición fronteriza, es un punto neurálgico donde las redes de trata aprovechan los flujos migratorios.
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (SAI): Su ubicación geográfica la hace vulnerable a la trata con fines de explotación en el contexto turístico.
Bogotá: Como principal centro urbano, actúa tanto de nodo de captación como de destino.
Durante el primer mes de 2026, departamentos como Arauca (0,72) y nuevamente Norte de Santander (0,12), junto a la capital del país, lideran las tasas de registro, lo que confirma la necesidad de fortalecer la vigilancia en los corredores viales y puntos de control migratorio.
Grupos armados aumentan el control sobre las mujeres
El informe anual de la ONU Derechos Humanos revela una perspectiva alarmante: más allá del conflicto, las estructuras armadas están ejerciendo un control sistemático sobre la autonomía reproductiva y la salud de las comunidades, una vez que se mantienen patrones de violación sexual, explotación y embarazos forzados como mecanismos de control.
Otra grave vulneración ejercida por los grupos armados es el control sanitario coercitivo, al restringir el uso de anticonceptivos, monitoreo de pruebas de ITS y el bloqueo a servicios básicos de salud.
Las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes son las principales víctimas siguen siendo poblaciones en alto riesgo al enfrentar daños físicos y psicológicos profundos en zonas de «silencio epidemiológico».
Ante este desgarrador escenario, el informe concluye que la ausencia del Estado y el cierre de centros de salud en zonas críticas han permitido que estos grupos dicten las normas sobre la vida y la integridad de las mujeres, agravando una crisis humanitaria que requiere atención urgente.
