Por: Gardenia Rebolledo | Foto: Luis Herrera | El Morichal
En Vichada y Guainía, muchas familias venezolanas viven con miedo. El anuncio del gobierno colombiano de deportar a migrantes en situación irregular y también a aquellos vinculados a delitos, encendió las alarmas en estos dos departamentos de la frontera suroriental colombo-venezolana, donde, según Migración Colombia, viven 18.053 venezolanos: 13.191 regularizados y 4.862 todavía no resuelven su situación. La respuesta de esta población ha sido cerrar filas, entre la solidaridad y la alerta.
El detalle por departamento lo entrega el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3) de Migración Colombia. En Vichada viven 11.255 venezolanos: 8.063 regularizados, 2.172 en trámite y cerca de 1.020 en condición migratoria irregular. En Guainía son 6.798, de los cuales 1.046 están en proceso de regularización y 624 permanecen de forma irregular, según la misma plataforma.
El detonante fue la alocución del 24 de agosto en voz del primer mandatario nacional: “la orden a Migración es clara: que empiecen los operativos coordinados para dar con los inmigrantes ilegales. Primero, para los que están cometiendo delitos y, segundo, para los que no tienen regularizada su situación. En el término de la distancia tendrán que ser deportados”, declaró al país Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.
La medida recae sobre una población amplia: según Migración Colombia, con corte a enero de 2026, en el país hay 2.841.048 venezolanos, el 82 % en condición migratoria regular.
Por ahora, el temor va por delante de los hechos. En Vichada y Guainía no se han registrado operativos como los que Migración Colombia difunde en su Facebook (las batidas -redadas- de Cartagena y Bucaramanga). El Morichal confirmó que, en días pasados, la Policía de Puerto Carreño desplegó un plan de reubicación de vendedores informales hacia la plaza de mercado, sin persecución por nacionalidad.
Las cifras contra el estigma
La comunidad rechaza el discurso que señala a los migrantes irregulares como responsables de la delincuencia, y varios estudios respaldan ese argumento. Centros de pensamiento como The Brookings Institution y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) concluyen que la llegada masiva de venezolanos no explica el comportamiento de la criminalidad en Colombia.
El 20 de junio de 2026, La Silla Vacía, junto a las facultades de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, revisó si la migración venezolana aumentó la criminalidad. La respuesta fue que no, y el análisis contrastó cómo Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella convirtieron el tema en bandera de campaña. El Banco de la República y varias ONG apuntan en la misma dirección: la percepción de inseguridad culpa a la migración por prejuicio o xenofobia, pero las denuncias y capturas no muestran que el flujo migratorio impulse el delito.
La voz de Vichada
José Triana, colombovenezolano radicado en Puerto Carreño desde hace una década, califica las disposiciones del Gobierno central de “totalmente desproporcionadas” e “injustas”. Su argumento es jurídico: si un extranjero comete un delito en suelo colombiano, debe responder ante la justicia local; expulsarlo o deportarlo, dice, abre serios interrogantes procesales. Teme, además, que Colombia copie un modelo punitivo parecido al del ICE en Estados Unidos.
Triana también pone el acento en lo económico: “son familias con años emprendiendo, con hijos estudiando, que constituyen un motor económico vivo y mano de obra fundamental para el campo, donde escasean los trabajadores jóvenes”.
«La persecución ahuyentará la inversión en esta frontera vichadense con los estados venezolanos de Amazonas, Bolívar y Apure,» advierte, además de recordar una deuda histórica: «Venezuela acogió durante décadas a millones de colombianos desplazados por el conflicto«, entre ellos su madre, su abuela y sus tíos, que se refugiaron en el vecino país hace más de 40 años tras salir del Alto Vichada.
La mirada desde Guainía
En Inírida, Luis Alejandro Acosta Romero, periodista indígena y líder venezolano regularizado con el Permiso por Protección Temporal (PPT), plantea el problema en clave constitucional. Sostiene que la Carta Política colombiana “no incluye la palabra ‘extranjero’ en su protección”, y que en ese vacío el Ejecutivo apoya las deportaciones. Lo contrasta con el artículo 21 de la Constitución venezolana que, afirma, reconoce al extranjero el mismo respeto que al nacional.
Acosta añade un punto que, dice, no puede ignorarse: el régimen especial indígena. La mayoría de los venezolanos que cruzan los ríos Meta, Orinoco e Inírida hacia Guainía son indígenas que llegan a vender e intercambiar lo que producen y mueven el comercio local. Y señala un vacío práctico: no hay consulados venezolanos en Vichada ni en Guainía, lo que deja a esta población sin la representación diplomática para defender sus derechos en la frontera.
La red de apoyo en Puerto Carreño e Inírida
En Puerto Carreño e Inírida funcionan los Puntos de Atención y Orientación (PAO), operados con el apoyo de la Corporación Opción Legal y ACNUR. Atienden de forma gratuita a migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, personas apátridas y víctimas del conflicto armado. Orientan sobre derechos como salud, educación y asistencia jurídica, y, en materia de regularización, asesoran sobre los trámites vigentes.
“Atendemos sin distinción de raza, nacionalidad, género o identidad sexual; nuestro enfoque es informar sobre la ruta de protección, el acceso a servicios y los derechos en Colombia, y ayudar a que la gente no caiga en redes de estafadores o tramitadores ilegales”, explica Natalia Arias, asesora del PAO de Puerto Carreño.
Arias confirma que, tras el anuncio presidencial, las consultas en el PAO y ACNUR aumentaron. “Estamos preparados para la contingencia y vamos a seguir preparándonos para tener información clara, veraz y a tiempo para nuestra comunidad”, dice. Y aclara: “En Carreño no se están haciendo batidas ni deportaciones, que tengamos conocimiento, ni se adelantan actos administrativos”. Aun así, insiste en que la comunidad conozca las herramientas que tiene a la mano.
El PAO ofrece asesoría virtual gratuita en todo el país por su WhatsApp oficial, +57 314 652 5326, para consultar derechos, rutas de protección y ubicar sedes. En Puerto Carreño (Vichada) e Inírida (Guainía) atiende de forma presencial de lunes a viernes, en horario administrativo.
Las tres rutas que siguen abiertas Migración Colombia ha reiterado en sus canales oficiales que, en 2026, solo quedan tres rutas de regularización y atención:
- Estatuto Temporal de Protección para menores. El prerregistro en el RUMV sigue habilitado únicamente para niñas, niños y adolescentes vinculados al sistema educativo colombiano o a programas del ICBF. No admite adultos.
- PEP-Tutor. Para padres o custodios legales de menores que obtuvieron el PPT antes del 31 de diciembre de 2023. El registro en el Formulario Único de Trámites (FUT) va hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Visa V (Visitante Especial). Permite dos años de permanencia legal y autoriza el trabajo formal. Aplica a los venezolanos que ingresaron a Colombia antes del 4 de diciembre de 2024 y que cumplan los requisitos de la Cancillería.
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