Un informe de la organización «Mujer Denuncia y Muévete», ratificado por comité de expertas de la OEA, revela cómo la prostitución por supervivencia y el control de los grupos armados convirtieron la vulnerabilidad migratoria en un negocio criminal y un dispositivo de dominación territorial en la zona. El ELN y las disidencias de las FARC figuran como los principales grupos que manejan estas economías ilegales.
Por: Laboratorio Migrante
La crisis migratoria en la frontera colombo-venezolana ha dejado de ser únicamente un fenómeno de desplazamiento humanitario para consolidarse como uno de los escenarios más alarmantes de criminalidad organizada y violencia de género en América Latina. Detrás de los pasos fronterizos de Norte de Santander opera una maquinaria sistemática de trata con fines de explotación sexual que devora los cuerpos de mujeres y niñas, atrapadas en un entramado de precariedad económica, control armado e indiferencia institucional.
Así lo demuestra el informe presentado por la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, que registra y analiza 630 casos documentados entre 2018 y 2026. Las cifras demuestran que la violencia hacia las migrantes no responde a hechos aislados o episodios coyunturales, sino a una dinámica estructural, lucrativa y sostenida en el tiempo que afecta principalmente a mujeres jóvenes de entre 16 y 29 años, según este estudio al que tuvo acceso Laboratorio Migrante.
De este número, la oenegé hizo énfasis en 280 mujeres a las que les brindaron procesos de acompañamiento para acceder a la ruta de atención estatal, de las que el 6% fueron víctimas de maternidades forzadas, al ser sometidas a relaciones sexuales sin protección debido a la imposición de los explotadores sexuales y configurándose en una forma de violencia sexual y reproductiva.
La maternidad no fue una elección paras estas mujeres, sino consecuencia directa del delito que fueron víctimas y quienes a su vez quedaron al margen del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
«En la mayoría de los casos, estos niños y niñas nacen sin reconocimiento paterno, producto de relaciones sexuales múltiples, violentas y despersonalizadas, lo que genera profundas implicaciones en la identidad, la filiación y el acceso a derechos.»
En este sentido, el informe detalla también las implicaciones de la crianza en contextos de explotación sexual, como por ejemplo, «la exposición de las madres a infecciones de transmisión sexual no tratadas, violencia física y condiciones de precariedad» que elevan exponencialmente los riesgos en el embarazo, incluyendo «partos prematuros, bajo peso al nacer, infecciones congénitas y posibles malformaciones«.
Las revelaciones del estudio ratifican los hallazgos que arrojaron las visitas en terreno del comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) formalmente conocida como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Geografía de la explotación
El modus operandi de las redes proxenetas y delictivas se ha sofisticado. El informe detalla que la captación de las víctimas ocurre mayoritariamente mediante falsas ofertas laborales en redes sociales, engaños afectivos, manipulación digital y constreñimiento económico directo, aprovechando el hambre y la desesperación de quienes huyen de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela desde hace más de una década.
Una vez sometidas, las mujeres son distribuidas estratégicamente en circuitos de explotación controlados por grupos armados ilegales y bandas criminales en municipios clave del departamento fronterizo Norte de Santander, como Cúcuta, Villa del Rosario, Tibú y Ocaña. La geografía de la trata coincide exactamente con los corredores del narcotráfico y las economías ilícitas, evidenciando que la explotación sexual de mujeres es un negocio territorialmente situado e integrado a las economías de guerra de la región.
De acuerdo a la propia base en datos recopilada por la Corporación Mujer Denuncia y Muévete en los últimos ocho años (2018–2026), los grupos que tienen el control e influencia estimada en las economías de explotación sexual se distribuyen así: 35% el ELN, 30 % las disidencias de las FARC, 20% bandas criminales y 15%% las redes de proxenetas.
“En contextos de violencia sexual digital, de explotación sexual digital, siguen siendo mayoría las niñas quienes padecen estos delitos. Los grupos armados son los principales responsables y quienes se lucran de estas prácticas junto al lobby proxeneta”, le dice a Laboratorio Migrante, la abogada Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete.
Prostitución y ‘Zona Gris’
Uno de los hallazgos más contundentes de la investigación es el papel central que juega la prostitución como un espacio en donde se termina concretando la explotación sexual proveniente de la trata de personas.
«Esto no significa que toda prostitución pueda equipararse automáticamente con trata, pero sí que, en la frontera, la prostitución opera como la forma predominante de absorción de mujeres captadas en contextos de extrema vulnerabilidad. En esta región, la prostitución por supervivencia, la explotación en establecimientos, la explotación en viviendas privadas y la explotación digital [los llamados «estudios webcams»] conforman un ecosistema de violencia sexual sostenido por terceros y favorecido por la precariedad migratoria», aclara el estudio.
Las investigadoras denuncian que la normalización social de la prostitución en Colombia dificulta la identificación de víctimas de trata con fines de explotación sexual, una vez que, ésta se asimila “como una actividad tolerada, inevitable o incluso presentada por algunas políticas como “actividad sexual pagada”.
La investigación advierte sobre una grave «zona gris institucional»: al no existir una regularización integral de la prostitución en Colombia, se genera una ambigüedad normativa «que dificulta la diferenciación entre ejercicio no explotativo, prostitución por supervivencia, proxenetismo, inducción, constreñimiento y trata». Esta confusión provoca que las autoridades lean a las víctimas simplemente como «mujeres que ejercen la prostitución» y no como sobrevivientes de trata, bloqueando la activación oportuna de las rutas de protección.
La débil respuesta estatal
Frente a este desolador panorama, el informe ampliado concluye que la respuesta del Estado colombiano no puede seguir siendo fragmentada ni limitarse a operativos policiales aislados. Se requiere con urgencia un abordaje interseccional y con enfoque feminista de derechos humanos que garantice:
El estudio también enfatiza en que al no atacar la demanda masculina [un mercado indetenible de compradores de sexo] será imposible desarticular la rentabilidad que genera la explotación sexual, una vez que las redes de trata mantienen incentivos constantes para captar a nuevas víctimas: mujeres y niñas por las que los hombres pagan por acceder a sus cuerpos.
Mientras las instituciones no implementen medidas de fondo, la prostitución en la frontera continuará operando como el depósito final de la violencia, la exclusión y la captura criminal de los cuerpos de las mujeres y niñas migrantes.
Puedes leer el informe completo aquí:
